Rafael del Barco Carreras
Barcelona 18-12-2012. Ha vivido tan amparado, y gozando de tanta impunidad, que no tiene ni idea de esa sensación de DESAMPARO en que hemos vivido demasiados catalanes desde 1980, cuando ellos, o sus socios e íntimos, usando y abusando entre otros poderes del de su padre nos arruinaron y encarcelaron.
Espero que el uso y abuso de esa CATALUNYA, de la que se han apropiado, no les AMPARE, al igual que con Banca Catalana hace 30 años.
Publica LIBERTAD DIGITAL...
"Al preguntársele por Javier de la Rosa, Pujol ha asegurado que no le conoce, y que su padre sí que tuvo una relación con el empresario que permitió tirar adelante el parque temático Port Aventura, aunque ha añadido que "durante los últimos tiempos" no han mantenido contacto alguno."
Ya puestos le recordaría que JAVIER DE LA ROSA fue para su padre algo más que un empresario (modelo) que según él le solucionó a CATALUÑA el problema de PORT AVENTURA... más bien estafaron 30.000 millones de pesetas a 8.000 ahorradores... y más en "Barcelona, 30 años de corrupción" o en este blog.
Y sobre los últimos tiempos que no han mantenido contacto alguno... la conexión fue completa, hasta el 2004 que perdieron las elecciones, a través de ANTONIO DE LA ROSA MARTÍ, hermano de Javier, contratado por la Generalitat, pero sin que nadie supiera su lugar de trabajo, ni para qué y porqué.
Oriol Pujol pide amparo a la Fiscalía por las acusaciones de corrupción
El Mundo.es - hace 3 horas
Oriol Pujol pide amparo a la Fiscalía Hay que atacar a una serie de personas para abortar el proceso que ha iniciado Cataluña. Aquí es donde
...
...
EL DEBAT
Interesante artículo sobre Oriol Pujol y su implicación en el CASO CAMPEÓN...
Conec el periodista Antonio Fernández des de fa més de 25 anys. És un gran professional, honest i escrupulós en la feina que fa. He tingut l'honor que treballés durant dos anys a EL TRIANGLE i ara és el corresponsal a Catalunya del diari madrileny www.elconfidencial.com. Jo sóc el primer en denunciar...
....
www.publico.es/
La Audiencia libera por fin al denunciante de defraudadores · Comentarios: 104 | ANDRÉS MUÑIZ. El informático y exempleado del HSBC en Ginebra, Hervé ......
Pero para DEFRAUDADES, EVASORES Y BLANQUEADORES, transcribo la página 489 de "Barcelona, 30 años de corrupción" donde se fotocopia el folio 32 de la denuncia que interpuso el abogado Carlos Obregón en 1991, por encargo de su defendido de oficio Carlos Odena, otra víctima muerto en la cárcel, y que se remonta a antes de 1980 en que los banqueros Jordi Pujol y el joven Javier de la Rosa utilizaban las mismas vias y organización hacia ANDORRA.
...
CENTESIMODECIMOSEGUNDO.- En relación a las "pesetas" evadidas a "ANDORRA" para ser convertidas en "DIVISAS" , los activos procedían de la Banca Garriga Nogués, Banco de los Pirineos, BANCA CATALANA, Banco de Descuento, Banco de Navarra, Banco de Madrid, Banco Unión, Banco de Fomento, Banca Jover, Banco de la Pequeña Empresa, Banco Meridional, y EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA.
CENTESIMODECIMOTERCERO.- Algunas de las cantidades de divisas que se bajaban se ingresaban en la BANCA CATALANA en cuentas a nombre de las entidades TORRAS HOSTENCH SA, Mercados Económicos SA, Urbanizaciones y Transportes, y Carfe SL, algunas partidas eran ingresadas en las cuentas del Banco Condal.
CENTESIMODECIMOCUARTO.- Los señores Francisco Javier de la Rosa Martí, D. Juan Piqué Vidal y D. Antonio Domenech Piñol, presentaron ante D. Carlos Odena Savall a D. Marcelo Teixidó Dolcet, quien había trabajado en la Papelera de Porcioles en Balague Lerida.
...
Como he escrito varias veces, la denuncia fue archivada tras ordenar el SUPREMO que se investigara, y Carlos Odena arrastró un sin fin de condenas por seguir las directrices de Piqué Vidal y Javier de la Rosa en una quiebra de 15.000 millones de pesetas.
A Carlos Odena... pedir AMPARO... no le valió... y como ya he contado tampoco a su ABOGADO CARLOS OBREGÓN... tiroteado y expulsado del Colegio de Abogados... aunque rehabilidado después de muerto... gracias al tesón de su mujer Adela Vázquez... que me lo contaba pasados varios años.
26 Dic 2007
Leer
la denuncia del abogado CARLOS OBREGÓN, en defensa POR ABOGADO DE
OFICIO de CARLOS ODENA, ver www.lagrancorrupcion.com, al TSJC, Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, del 22-8-91, PENAL ...
28 May 2012
Conseguirían
continuar en cabeza, y en esa línea se ha de entender la difusión de
unos cuantos nombres, Antonio de la Rosa Martí, entre ellos, por
consejero especial de la corrupta Generalitat de Pujol, sin presencia ni
...
...
Me envían otra curiosidad... o estafa de los viejos tiempos de BANCA CATALANA
Las 2.400 familias de
cooperativistas de la urbanización Nueva Alcalá, de Alcalá de Henares,
corren peligro de no cobrar los setecientos millones de pesetas que les
adeuda la inmobiliaria Segunda Alvega, SA, si el Ministerio de Obras
Públicas no resuelve el caso.
Según consta en el Registro Mercantil, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA, es una entidad en la que el Banco Industrial de Cataluña cuenta con la mayor parte del capital social.
«En un informe redactado por la coordinadora de afectados, con el asesoramiento técnico y jurídico de Deincisa, se explica que el problema actual para conseguir el inmediato fin del problema consiste en que ahora hay que esperar la resolución de un recurso de alzada, presentado por la empresa inmobiliaria ante la Delegación Provincial de Urbanismo, en los que se alega que los metros cuadrados por vivienda, sobre los que ha actuado este organismo oficial, no son los correctos.El problema de la cooperativa de viviendas de Nueva Alcalá ha sido reiteradamente denunciado por los afectados. Las primeras doscientas denuncias se presentaron en enero de este año. Al mes siguiente se presentaron ochocientas denuncias más y en abril otras cuatrocientas. La base de todas ellas fue el sobreprecio percibido por la inmobiliaria, supuesta falsedad de los contratos de la cooperativa, vulneración de las leyes en vigor sobre la percepción y garantía de las cantidades recibidas. También se solicitó en todas las denuncias el nombramiento de un instructor especial que investigara ampliamente los hechos denunciados, así como que se diera parte a las autoridades competentes.
La construcción de viviendas de Nueva Alcalá ha sido, desde el primer momento, una historia confusa y llena de incidentes. El proyecto inicial constaba de 3.000 viviendas, que tendrían que ser entregadas en abril de 1977. Las viviendas son consideradas de protección oficial, lo que hace que disfruten de unos beneficios fiscales y crediticios que las abaratan.
Pese al plazo de entrega señalado, la construcción de la urbanización empezó a sufrir retrasos, debido a causas tales como la paralización de las obras motivada, por el despido de 250 trabajadores. Las centrales sindicales protestaron en su momento por este hecho y, finalmente, la Delegación de Trabajo consideró improcedentes los despidos. Poco después, en noviembre de 1977, se produjo un incendio que supuso grandes pérdidas en la urbanización.
Estos aplazamientos y retrasos fortuitos en la marcha de las obras supusieron el automático encarecimiento de las mismas. Si las obras hubieran finalizado en la fecha prevista, el módulo hubiera sido pagado a 4.5 10, mientras que en las primeras entregas, efectuadas en julio del pasado año, hubo ya un aumento de 1.735 pesetas, lo que supuso un coste adicional de 424 millones.
A raíz de las primeras entregas de 654 viviendas, y ya presentadas las denuncias, la inmobiliaria interpuso el recurso de alzada que ahora ha paralizado el desenlace del conflicto, en base a que las mediciones hechas por la Delegación Provincial de Urbanismo contienen algunos errores.
Ahora, y según palabras de uno de los asesores jurídicos de los afectados, Enrique Olmedillas, los cooperativistas pueden esperar indefinidamente a ser indemnizados.
Según consta en el Registro Mercantil, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA, es una entidad en la que el Banco Industrial de Cataluña cuenta con la mayor parte del capital social. El secretario es José Boronat Domingo, también vicepresidente de la cooperativa, y como consejero figura Víctor Crespo Montenegro, apoderado del Banco Industrial de Cataluña.
http://elpais.com/diario/1979/07/10/madrid/300453861_850215.html
21 de febrero de 1980
...
Me envían otra curiosidad... o estafa de los viejos tiempos de BANCA CATALANA
Curiosamente la dirección de la BANCA CATALANA y DEL BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA ES :
DIAGONAL 666
El banco Industrial de Cataluña a través de la inmobiliaria "Segunda Albega" multado a pagar 50 millones de pesetas.
El País 23 ENE 1979
Doscientas denuncias contra los promotores de "Nueva Alcalá"
- Una cooperativa, una inmobiliaria y el Banco Industrial de Cataluña, implicados en supuestas irregularidades
Un grupo numeroso de socios de la cooperativa de
viviendas La Familia Española ha interpuesto cerca de doscientas
denuncias relativas a las supuestas irregularidades que rodean la venta
de pisos de la urbanización Nueva Alcalá, en las que se encuentran
implicados la junta directiva de la cooperativa, la inmobiliaria Segunda
Alvega, SA, y el Banco Industrial de Cataluña.
Los denunciantes cuentan con la asesoría jurídica de
Deincisa, equipo de abogados y arquitectos que ha emitido un informe
dirigido a la opinión pública explicando el desarrollo de los hechos y
las conexiones personales que existen entre las tres entidades
citadas.Según este informe, los socios de la cooperativa advirtieron en
su día que, aunque las viviendas les habían sido entregadas en su
calidad de socios, la propiedad de las mismas figuraba a nombré de la
inmobiliaria Segunda Alvega, SA. Esta
empresa se constituyó en 1973 por personas cercanas al Banco Industrial
de Cataluña, con el objeto comercial de promoción de viviendas de
protección oficial. Su primera operación consistió en la compra de
terrenos, calificados como rústicos, en Alcalá de Henares, valorados en
ese momento en unos
36 millones de pesetas, que se revalorizaron hasta los 220 millones cuando el suelo cambió a urbanizable.
En 1974 consigue que el Ministerio de la Vivienda
incluya las 2.400 viviendas que quieren construir en el subgrupo II de
protección oficial.
En ese momento la inmobiliaria entra en contacto con
la cooperativa La Familia Española, a la que propone entrar en el
negocio como si la promotora de los pisos fuera esta segunda entidad y
no la primera. La maniobra es denunciada ante el Ministerio de Trabajo
por el vicepresidente de la Cooperativa y dos de los vocales.
El Ministerio de Trabajo no llegó a realizar
investigación alguna, y, al contrario, los denunciantes son apartados de
sus puestos. Las vacantes son ocupadas precisamente por directivos de
la inmobiliaria en cuestión.
Siempre según el informe de los abogados de los
cooperativistas, el propósito de la inmobiliaria sería promover la venta
de los pisos a través de la cooperativa, eludiendo así los mecanismos
de control de la legislación entre viviendas de protección oficial y
estableciendo precios de venta superiores a los permitidos. Se calcula
que de esta forma los beneficios extra obtenidos alcanzan los
setecientos millones de pesetas.
La operación de venta de las viviendas por la cooperativa -entidad que en ningún momento fue su propietaria- estuvo avalada por el Banco Industrial de Cataluña, quien es accionista mayoritario en la inmobiliaria.
Así, y según consta en el Registro Mercantil, el
secretario de la inmobiliaria Segunda Alvega es José Boronat Domingo,
que es también vicepresidente de la cooperativa La Familia Española, y
funcionario de la entidad bancaria.
Pablo Torriente Cruz acumula a su vez los cargos de
presidente de la inmobiliaria y vicesecretario de la cooperativa. Víctor
Crespo Montenegro, consejero de la empresa, es además apoderado del
Banco Industrial de Cataluña en sus oficinas de Madrid. Antonio Barba
Rodríguez, apoderado en la firma de escrituras de la inmobiliaria,
figura como vocal de la cooperativa, y José Luis Flaguer Vidal,
consejero de Segunda Alvega, SA, es también funcionario del banco.
Ante la gravedad y el confusionismo de los hechos, los
socios de la cooperativa han constituido una coordinadora de
presidentes de portales, que ha cursado unas doscientas denuncias ante
la Delegación Provincial de la Vivienda. Existe el temor de que la
acción legal de la Delegación se limite a sancionar a la inmobiliaria.
Por ello, los denunciantes han solicitado el nombramiento de un
instructor especial con poderes para intervenir en la entidad bancaria y
en la cooperativa. Asimismo se ha pedido que la Delegación Provincial
se encargue de trasladar las denuncias ante el Gobierno Civil y el
Ministerio de Trabajo.
http://elpais.com/diario/1979/01/23/madrid/285942260_850215.html
Doscientas denuncias contra los promotores de "Nueva Alcalá"
- Una cooperativa, una inmobiliaria y el Banco Industrial de Cataluña, implicados en supuestas irregularidades
Un grupo numeroso de socios de la cooperativa de
viviendas La Familia Española ha interpuesto cerca de doscientas
denuncias relativas a las supuestas irregularidades que rodean la venta
de pisos de la urbanización Nueva Alcalá, en las que se encuentran
implicados la junta directiva de la cooperativa, la inmobiliaria Segunda
Alvega, SA, y el Banco Industrial de Cataluña.
Los denunciantes cuentan con la asesoría jurídica de Deincisa, equipo de abogados y arquitectos que ha emitido un informe dirigido a la opinión pública explicando el desarrollo de los hechos y las conexiones personales que existen entre las tres entidades citadas.Según este informe, los socios de la cooperativa advirtieron en su día que, aunque las viviendas les habían sido entregadas en su calidad de socios, la propiedad de las mismas figuraba a nombré de la inmobiliaria Segunda Alvega, SA. Esta empresa se constituyó en 1973 por personas cercanas al Banco Industrial de Cataluña, con el objeto comercial de promoción de viviendas de protección oficial. Su primera operación consistió en la compra de terrenos, calificados como rústicos, en Alcalá de Henares, valorados en ese momento en unos
36 millones de pesetas, que se revalorizaron hasta los 220 millones cuando el suelo cambió a urbanizable.
En 1974 consigue que el Ministerio de la Vivienda incluya las 2.400 viviendas que quieren construir en el subgrupo II de protección oficial.
En ese momento la inmobiliaria entra en contacto con la cooperativa La Familia Española, a la que propone entrar en el negocio como si la promotora de los pisos fuera esta segunda entidad y no la primera. La maniobra es denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el vicepresidente de la Cooperativa y dos de los vocales.
El Ministerio de Trabajo no llegó a realizar investigación alguna, y, al contrario, los denunciantes son apartados de sus puestos. Las vacantes son ocupadas precisamente por directivos de la inmobiliaria en cuestión.
Siempre según el informe de los abogados de los cooperativistas, el propósito de la inmobiliaria sería promover la venta de los pisos a través de la cooperativa, eludiendo así los mecanismos de control de la legislación entre viviendas de protección oficial y estableciendo precios de venta superiores a los permitidos. Se calcula que de esta forma los beneficios extra obtenidos alcanzan los setecientos millones de pesetas.
La operación de venta de las viviendas por la cooperativa -entidad que en ningún momento fue su propietaria- estuvo avalada por el Banco Industrial de Cataluña, quien es accionista mayoritario en la inmobiliaria.
Así, y según consta en el Registro Mercantil, el secretario de la inmobiliaria Segunda Alvega es José Boronat Domingo, que es también vicepresidente de la cooperativa La Familia Española, y funcionario de la entidad bancaria.
Pablo Torriente Cruz acumula a su vez los cargos de presidente de la inmobiliaria y vicesecretario de la cooperativa. Víctor Crespo Montenegro, consejero de la empresa, es además apoderado del Banco Industrial de Cataluña en sus oficinas de Madrid. Antonio Barba Rodríguez, apoderado en la firma de escrituras de la inmobiliaria, figura como vocal de la cooperativa, y José Luis Flaguer Vidal, consejero de Segunda Alvega, SA, es también funcionario del banco.
Ante la gravedad y el confusionismo de los hechos, los socios de la cooperativa han constituido una coordinadora de presidentes de portales, que ha cursado unas doscientas denuncias ante la Delegación Provincial de la Vivienda. Existe el temor de que la acción legal de la Delegación se limite a sancionar a la inmobiliaria. Por ello, los denunciantes han solicitado el nombramiento de un instructor especial con poderes para intervenir en la entidad bancaria y en la cooperativa. Asimismo se ha pedido que la Delegación Provincial se encargue de trasladar las denuncias ante el Gobierno Civil y el Ministerio de Trabajo.
http://elpais.com/diario/1979/01/23/madrid/285942260_850215.html
Los denunciantes cuentan con la asesoría jurídica de Deincisa, equipo de abogados y arquitectos que ha emitido un informe dirigido a la opinión pública explicando el desarrollo de los hechos y las conexiones personales que existen entre las tres entidades citadas.Según este informe, los socios de la cooperativa advirtieron en su día que, aunque las viviendas les habían sido entregadas en su calidad de socios, la propiedad de las mismas figuraba a nombré de la inmobiliaria Segunda Alvega, SA. Esta empresa se constituyó en 1973 por personas cercanas al Banco Industrial de Cataluña, con el objeto comercial de promoción de viviendas de protección oficial. Su primera operación consistió en la compra de terrenos, calificados como rústicos, en Alcalá de Henares, valorados en ese momento en unos
36 millones de pesetas, que se revalorizaron hasta los 220 millones cuando el suelo cambió a urbanizable.
En 1974 consigue que el Ministerio de la Vivienda incluya las 2.400 viviendas que quieren construir en el subgrupo II de protección oficial.
En ese momento la inmobiliaria entra en contacto con la cooperativa La Familia Española, a la que propone entrar en el negocio como si la promotora de los pisos fuera esta segunda entidad y no la primera. La maniobra es denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el vicepresidente de la Cooperativa y dos de los vocales.
El Ministerio de Trabajo no llegó a realizar investigación alguna, y, al contrario, los denunciantes son apartados de sus puestos. Las vacantes son ocupadas precisamente por directivos de la inmobiliaria en cuestión.
Siempre según el informe de los abogados de los cooperativistas, el propósito de la inmobiliaria sería promover la venta de los pisos a través de la cooperativa, eludiendo así los mecanismos de control de la legislación entre viviendas de protección oficial y estableciendo precios de venta superiores a los permitidos. Se calcula que de esta forma los beneficios extra obtenidos alcanzan los setecientos millones de pesetas.
La operación de venta de las viviendas por la cooperativa -entidad que en ningún momento fue su propietaria- estuvo avalada por el Banco Industrial de Cataluña, quien es accionista mayoritario en la inmobiliaria.
Así, y según consta en el Registro Mercantil, el secretario de la inmobiliaria Segunda Alvega es José Boronat Domingo, que es también vicepresidente de la cooperativa La Familia Española, y funcionario de la entidad bancaria.
Pablo Torriente Cruz acumula a su vez los cargos de presidente de la inmobiliaria y vicesecretario de la cooperativa. Víctor Crespo Montenegro, consejero de la empresa, es además apoderado del Banco Industrial de Cataluña en sus oficinas de Madrid. Antonio Barba Rodríguez, apoderado en la firma de escrituras de la inmobiliaria, figura como vocal de la cooperativa, y José Luis Flaguer Vidal, consejero de Segunda Alvega, SA, es también funcionario del banco.
Ante la gravedad y el confusionismo de los hechos, los socios de la cooperativa han constituido una coordinadora de presidentes de portales, que ha cursado unas doscientas denuncias ante la Delegación Provincial de la Vivienda. Existe el temor de que la acción legal de la Delegación se limite a sancionar a la inmobiliaria. Por ello, los denunciantes han solicitado el nombramiento de un instructor especial con poderes para intervenir en la entidad bancaria y en la cooperativa. Asimismo se ha pedido que la Delegación Provincial se encargue de trasladar las denuncias ante el Gobierno Civil y el Ministerio de Trabajo.
http://elpais.com/diario/1979/01/23/madrid/285942260_850215.html
10 de julio de 1979
Los cooperativistas de Nueva Alcalá exigen a la constructora setecientos millones de pesetas
- Un recurso de la inmobiliaria retrasa indefinidamente las indemnizaciones
Según consta en el Registro Mercantil, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA, es una entidad en la que el Banco Industrial de Cataluña cuenta con la mayor parte del capital social.
«En un informe redactado por la coordinadora de afectados, con el asesoramiento técnico y jurídico de Deincisa, se explica que el problema actual para conseguir el inmediato fin del problema consiste en que ahora hay que esperar la resolución de un recurso de alzada, presentado por la empresa inmobiliaria ante la Delegación Provincial de Urbanismo, en los que se alega que los metros cuadrados por vivienda, sobre los que ha actuado este organismo oficial, no son los correctos.El problema de la cooperativa de viviendas de Nueva Alcalá ha sido reiteradamente denunciado por los afectados. Las primeras doscientas denuncias se presentaron en enero de este año. Al mes siguiente se presentaron ochocientas denuncias más y en abril otras cuatrocientas. La base de todas ellas fue el sobreprecio percibido por la inmobiliaria, supuesta falsedad de los contratos de la cooperativa, vulneración de las leyes en vigor sobre la percepción y garantía de las cantidades recibidas. También se solicitó en todas las denuncias el nombramiento de un instructor especial que investigara ampliamente los hechos denunciados, así como que se diera parte a las autoridades competentes.
La construcción de viviendas de Nueva Alcalá ha sido, desde el primer momento, una historia confusa y llena de incidentes. El proyecto inicial constaba de 3.000 viviendas, que tendrían que ser entregadas en abril de 1977. Las viviendas son consideradas de protección oficial, lo que hace que disfruten de unos beneficios fiscales y crediticios que las abaratan.
Pese al plazo de entrega señalado, la construcción de la urbanización empezó a sufrir retrasos, debido a causas tales como la paralización de las obras motivada, por el despido de 250 trabajadores. Las centrales sindicales protestaron en su momento por este hecho y, finalmente, la Delegación de Trabajo consideró improcedentes los despidos. Poco después, en noviembre de 1977, se produjo un incendio que supuso grandes pérdidas en la urbanización.
Estos aplazamientos y retrasos fortuitos en la marcha de las obras supusieron el automático encarecimiento de las mismas. Si las obras hubieran finalizado en la fecha prevista, el módulo hubiera sido pagado a 4.5 10, mientras que en las primeras entregas, efectuadas en julio del pasado año, hubo ya un aumento de 1.735 pesetas, lo que supuso un coste adicional de 424 millones.
A raíz de las primeras entregas de 654 viviendas, y ya presentadas las denuncias, la inmobiliaria interpuso el recurso de alzada que ahora ha paralizado el desenlace del conflicto, en base a que las mediciones hechas por la Delegación Provincial de Urbanismo contienen algunos errores.
Ahora, y según palabras de uno de los asesores jurídicos de los afectados, Enrique Olmedillas, los cooperativistas pueden esperar indefinidamente a ser indemnizados.
Según consta en el Registro Mercantil, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA, es una entidad en la que el Banco Industrial de Cataluña cuenta con la mayor parte del capital social. El secretario es José Boronat Domingo, también vicepresidente de la cooperativa, y como consejero figura Víctor Crespo Montenegro, apoderado del Banco Industrial de Cataluña.
http://elpais.com/diario/1979/07/10/madrid/300453861_850215.html
21 de febrero de 1980
Multa de cincuenta millones de pesetas a la promotora de Nueva Alcalá
- Los afectados reclaman setecientos millones por cobros ilegales
La Delegación Provincial de la Vivienda está a punto de acabar el expediente de imposición de tres multas, que en total suponen 50.500.000 pesetas, a la inmobiliaria Segunda Alvega,
por presuntas infracciones cometidas en la urbanización Nueva Alcalá,
grupo de 2.400 viviendas ubicado en el término municipal de Alcalá de
Henares. Los expedientes se relacionan con irregularidades en la
construcción y cobro de cantidades superiores a las legales en viviendas
de protección oficial.
La inmobiliaria Segunda Alvega fue constituida en el año 1973 por personas cercanas al Banco Industrial de Cataluña.
Su objeto comercial era el de promover viviendas de protección oficial. Para ello, compró unos terrenos, calificados como rústicos, en Alcalá de Henares, en los que promovió la construcción de 2.400 viviendas, catalogadas por el ya desaparecido Ministerio de la Vivienda en el subgrupo segundo de protección oficial.En ese momento, la inmobiliaria entró en contacto con la cooperativa La Familia Española, a la que propuso entrar en el negocio de promoción de viviendas, como si la promotora de los pisos fuera la cooperativa y no la inmobiliaria.
La maniobra fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el vicepresidente de la cooperativa y dos de sus vocales. Sin embargo, la denuncia no surtió otro efecto que el que esas tres personas fueran apartadas de sus cargos.
Los cargos del vicepresidente y los dos vocales fueron ocupados inmediatamente por tres personas representantes de la inmobiliaria Segunda Alvega, esto es, del propio Banco Industrial de Cataluña.
Las primeras denuncias presentadas, que lo fueron en enero del año pasado, se referían a la percepción por parte de la inmobiliaria de un sobreprecio de 300.000 pesetas por vivienda, con respecto al valor oficial de aquel momento; esto supone la percepción global de unos setecientos millones de pesetas adicionales.
Además, las denuncias fueron formuladas por supuesta falsedad de los contratos y vulneración de las leyes en vigor sobre la percepción y garantía de cantidades a cuenta.
La situación viene a resolverse por lo menos en vía administrativa, gracias a la posible resolución sancionadora del delegado provincial de la Vivienda, José Luis Mas.
Como más directamente implicados en el tema, aunque haya sido como simples representantes de la inmobiliaria o del banco, aparecen cinco personas que en la actualidad no ostentan ya cargo de responsabilidad en ninguna de las entidades citadas. Se trata de Pablo de la Torrente, vicesecretario de la cooperativa y presidente de la inmobiliaria;
José Boronat, vicepresidente de la cooperativa, secretario de la inmobiliaria y adjunto a la dirección del banco;
Luis Flaquer, consejero de la inmobiliaria y alto funcionario del banco;
Antonio Barba, director de relaciones públicas de la inmobiliaria, apoderado de la misma y vocal de la cooperativa, y
Víctor Crespo, apoderado del banco en su delegación en Madrid y consejero de la inmobiliaria.
El Banco Industrial de Cataluña forma parte del grupo de Banca Catalana, entidad que recientemente ha aumentado su participación hasta un 51%. A su vez la Caja de Pensiones de Cataluña y Baleares participa con un 7% en la Banca Catalana.
http://elpais.com/diario/1980/02/21/madrid/319983857_850215.html
11 de noviembre de 1988 La inmobiliaria Segunda Alvega fue constituida en el año 1973 por personas cercanas al Banco Industrial de Cataluña.
Su objeto comercial era el de promover viviendas de protección oficial. Para ello, compró unos terrenos, calificados como rústicos, en Alcalá de Henares, en los que promovió la construcción de 2.400 viviendas, catalogadas por el ya desaparecido Ministerio de la Vivienda en el subgrupo segundo de protección oficial.En ese momento, la inmobiliaria entró en contacto con la cooperativa La Familia Española, a la que propuso entrar en el negocio de promoción de viviendas, como si la promotora de los pisos fuera la cooperativa y no la inmobiliaria.
La maniobra fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el vicepresidente de la cooperativa y dos de sus vocales. Sin embargo, la denuncia no surtió otro efecto que el que esas tres personas fueran apartadas de sus cargos.
Los cargos del vicepresidente y los dos vocales fueron ocupados inmediatamente por tres personas representantes de la inmobiliaria Segunda Alvega, esto es, del propio Banco Industrial de Cataluña.
Las primeras denuncias presentadas, que lo fueron en enero del año pasado, se referían a la percepción por parte de la inmobiliaria de un sobreprecio de 300.000 pesetas por vivienda, con respecto al valor oficial de aquel momento; esto supone la percepción global de unos setecientos millones de pesetas adicionales.
Además, las denuncias fueron formuladas por supuesta falsedad de los contratos y vulneración de las leyes en vigor sobre la percepción y garantía de cantidades a cuenta.
La situación viene a resolverse por lo menos en vía administrativa, gracias a la posible resolución sancionadora del delegado provincial de la Vivienda, José Luis Mas.
Como más directamente implicados en el tema, aunque haya sido como simples representantes de la inmobiliaria o del banco, aparecen cinco personas que en la actualidad no ostentan ya cargo de responsabilidad en ninguna de las entidades citadas. Se trata de Pablo de la Torrente, vicesecretario de la cooperativa y presidente de la inmobiliaria;
José Boronat, vicepresidente de la cooperativa, secretario de la inmobiliaria y adjunto a la dirección del banco;
Luis Flaquer, consejero de la inmobiliaria y alto funcionario del banco;
Antonio Barba, director de relaciones públicas de la inmobiliaria, apoderado de la misma y vocal de la cooperativa, y
Víctor Crespo, apoderado del banco en su delegación en Madrid y consejero de la inmobiliaria.
El Banco Industrial de Cataluña forma parte del grupo de Banca Catalana, entidad que recientemente ha aumentado su participación hasta un 51%. A su vez la Caja de Pensiones de Cataluña y Baleares participa con un 7% en la Banca Catalana.
http://elpais.com/diario/1980/02/21/madrid/319983857_850215.html
El Ivima obliga a una inmobiliaria a devolver el sobreprecio cobrado por pisos protegidos
La empresa inmobiliaria Segunda Alvega, antigua propiedad del Banco
Industrial de Cataluña, ha sido obligada por una resolución del
Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), a pagar 105 multas de 70.000
pesetas cada una lo que supone un total de 7.350.000 pesetas, y a
devolver una media de 250.000 pesetas a cada uno de los 105 vecinos del
polígono Nueva Alcalá, de Alcalá de Henares, a los que vendió viviendas
de protección oficial a finales de los años setenta con un sobreprecio
sobre su coste legal estimado entre las 200.000 y 300.000 pesetas.En
esta resolución, que responde a un recurso presentado por los vecinos en
1983, el Ivima impone por primera vez a una inmobiliaria la devolución
directa del sobreprecio recaudado a los compradores sin que éstos tengan
que recurrir a la vía judicial
La empresa inmobiliaria Segunda Alvega, SA vendió 2.448 viviendas de protección oficial del polígono Nueva Alcalá entre los años 1976 y 1980 tomando como base del cálculo del precio de los pisos el módulo vigente en el momento en que las viviendas recibieron la calificación definitiva de habitabilidad. Según el abogado de los vecinos denunciantes, Luis Suárez, "esto hubiera sido correcto si la empresa no hubiera percibido anteriormente cantidades de dinero a cuenta por parte de los compradores, con lo cual el módulo aplicable debería haber sido el vigente en el momento en que se recibió el anticipo". Este desfase en el módulo aplicado hizo que la empresa se embolsara alrededor de 700 millones de pesetas a costa del sobreprecio cobrado a los demandantes de pisos.
En diciembre de 1978, 1.600 vecinos presentaron una denuncia contra la empresa en la Dirección Provincial de la Vivienda, aunque posteriormente la mayor parte de ellos fijó un pacto con la inmobiliaria por el que recibieron un 40%, del sobreprecio pagado, dándose la circunstancia de que parte de esta devolución se hizo en forma de bonos del Banco Industrial de Cataluña, vinculado a Banca Catalana. En 1983 la Dirección Provincial de la Vivienda sancionó con 200 multas de 5.000 pesetas cada una a la constructora, a lo que 105 vecinos respondieron con un recurso de alzada admitido por la Dirección Provincial de Arquitectura, que declaró nula la resolución porque aplicaba una multa reservada a las faltas leves cuando se trataba de una falta como el sobreprecio, considerada legalmente muy grave.
En los 10 años transcurridos desde la primera denuncia de los vecinos, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA ha cambiado de nombre varias veces, y ahora es el Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios el que se hace cargo de las obligaciones de la empresa.
http://elpais.com/diario/1988/11/11/madrid/595254261_850215.html
La empresa inmobiliaria Segunda Alvega, SA vendió 2.448 viviendas de protección oficial del polígono Nueva Alcalá entre los años 1976 y 1980 tomando como base del cálculo del precio de los pisos el módulo vigente en el momento en que las viviendas recibieron la calificación definitiva de habitabilidad. Según el abogado de los vecinos denunciantes, Luis Suárez, "esto hubiera sido correcto si la empresa no hubiera percibido anteriormente cantidades de dinero a cuenta por parte de los compradores, con lo cual el módulo aplicable debería haber sido el vigente en el momento en que se recibió el anticipo". Este desfase en el módulo aplicado hizo que la empresa se embolsara alrededor de 700 millones de pesetas a costa del sobreprecio cobrado a los demandantes de pisos.
En diciembre de 1978, 1.600 vecinos presentaron una denuncia contra la empresa en la Dirección Provincial de la Vivienda, aunque posteriormente la mayor parte de ellos fijó un pacto con la inmobiliaria por el que recibieron un 40%, del sobreprecio pagado, dándose la circunstancia de que parte de esta devolución se hizo en forma de bonos del Banco Industrial de Cataluña, vinculado a Banca Catalana. En 1983 la Dirección Provincial de la Vivienda sancionó con 200 multas de 5.000 pesetas cada una a la constructora, a lo que 105 vecinos respondieron con un recurso de alzada admitido por la Dirección Provincial de Arquitectura, que declaró nula la resolución porque aplicaba una multa reservada a las faltas leves cuando se trataba de una falta como el sobreprecio, considerada legalmente muy grave.
En los 10 años transcurridos desde la primera denuncia de los vecinos, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA ha cambiado de nombre varias veces, y ahora es el Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios el que se hace cargo de las obligaciones de la empresa.
http://elpais.com/diario/1988/11/11/madrid/595254261_850215.html
1 comentario:
¿Y quién ampara a las víctimas?, http://www.abc.es/espana/20121217/abcp-socios-oriol-pujol-plantearon-20121217.html
Publicar un comentario