ALBERTO RUIZ-GALLARDON VS. JORDI HEREU

Rafael del Barco Carreras

Por más que los votantes del PP o PSOE se empeñen en las diferencias insalvables e incluso llaman a sus pactos “anti-natura”, la Crisis, el GRAN FRAUDE PIRAMIDAL INMOBILIARIO, la generalizada corrupción, y las promesas en caso de nuestros dos personajes, equiparan a sus profesionales y cerrado club de dirigentes.
La DIAGONAL DE BARCELONA y LA GRAN VÍA DE MADRID no gustan a nuestros alcaldes, y se lanzan a promesas de cambio con gran aparato mediático. ¡Fabricando CAMBIOS donde a nadie se le ocurre que en tiempo de crisis y austeridad cambie nada!
Antes el CAMBIO que nos proponían cada uno de los partidos políticos lo entendíamos como una promesa de CAMBIO SOCIAL, casi como aquello “de la tierra para el que la trabaja” o “trabajo para todos” con sueldos y pensiones de país desarrollado, ahora, nos proponen que votemos sobre las aceras, circulación y árboles de las grandes avenidas. Quizá los dos piensan más en los presupuestos a sus constructores amigos, soñando que pagará otro Plan E anticrisis de Zapatero o Bruselas, que en las promesas escritas por sus innumerables consejeros y cortesanos. Y de paso, popularizando democráticamente, librarse de campañas a lo Tita Cervera atada a uno de esos plátanos que a mí ahora en primavera me tienen la garganta hecha un asco.
Promesas sobre avenidas con referéndum incluido, las olimpíadas de verano o invierno a diez o veinte años vista, las remodelaciones o recalificaciones a favor del Real Madrid o Barsa (que a pesar de llenar los estadios a precios de palco de grandes liceos necesitan otro gran pelotazo inmobiliario para seguir ROBANDO y ¡repartiendo!), jugar con las prostitutas y el anexo mercado de las drogas… y sobre todo se equiparan tanto que ambos se acusan de si los impuestos y precios sobre los servicios básicos municipales han subido en los tres últimos años más en Barcelona que en Madrid o viceversa, siempre por encima de la inflación anual… en fin, tan calcado que pudieran intercambiarse de partido político y todo seguiría igual en las dos grandes ciudades españolas… o sea, infinidad de zanjas e infinitas quiebras, paro e inseguridad, y la elefantiasis, enfermedad de la desproporción provocada por varias generaciones de enchufar a familiares y amigos de partido o partida.
Y hablando de inseguridad… unas pérfidas campañas anticatalanistas o antiespañolistas, con webs de gran formato y éxito, se preguntan si hay alguno de los dos millones de los últimos turistas en Barcelona al que no le hayan robado. La campaña se amplía con confesiones de atracados comerciantes locales… y yo añadiría a mi mismo y mis íntimos. Y para no restar virtudes a una u otra ciudad, diría que la circulación en Madrid es caótica y en Barcelona…menos.
Dos personajes tan aparentemente diferentes y tan iguales en sus resultados. Si uno sueña y molesta en su Partido pretendiendo alcanzar la Presidencia del Gobierno (íntimo sueño de todo político), el otro se esfuerza para no acabar en el baúl de los recuerdos, aunque nuestra peculiar Democracia pueda sorprendernos de nuevo reeligiéndole porque su “oposición” no es que brille precisamente. ¿Le nombrarán ministro para apartarlo como al alcalde Clos, el del FÓRUM ideado por Pascual Maragall, continuidad de las recalificaciones PLAN DE LA RIBERA Y DIAGONAL MAR de NARCÍS SERRA y la Generalitat de Jordi Pujol, y después embajador en Turquía o la Santa Sede?















Nuevo pelotazo urbanístico a la vista: Operación Chamartín‏
De: Antonio Marín Segovia (antoniomarinseg@orange.es)
Enviado: miércoles, 07 de abril de 2010 17:53:43
Para:
La línea del cielo de los rascacielos y el olor a podrido
Nuevo pelotazo urbanístico a la vista: Operación Chamartín
Cada nuevo paso de las instituciones madrileñas está destinado a proteger la apropiación de lo público en beneficio de lo privado, en ocasiones con el apoyo del Gobierno español

Marat
Si los famosos brotes verdes, de los que tanto gustan hablar los hasta hace poco tiempo llamados refundadores del capitalismo que nada han refundado, verdean y viene una primavera económica sobre España, antes del devastador verano de una nueva fase de la crisis capitalista que acabe por agostar dichos brotes, se avecina una nueva operación urbanística sobre Madrid que la mencionada crisis pospuso en años pasados.


Me refiero a la Operación Chamartín, corona y broche de oro, por el momento, de todo el entramado que ha convertido el eje de la Castellana, hasta el infinito y más allá de los antiguos terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid, en la costa cementera del capital financiero y de los negocios, la especulación y los rascacielos de la soberbia de nuestra derecha económica, trincona e imperial capitalina.



1.-Haciendo un poco de historia:

La llamada Operación Chamartín tiene sus antecedentes más remotos en los años 40 y 50 del pasado siglo, cuando el franquismo expropió a más de 1000 familias terrenos de unos 800.000 metros cuadrados, para la construcción de la Estación de Chamartín, del total de 1.900.000 metros cuadrados que conforman los recintos ferroviarios de RENFE en Chamartín y Fuencarral (1)



Independientemente de la clase social a la que pertenecieran dichas familias y al interés público del desarrollo de infraestructuras ferroviarias durante el franquismo, lo cierto es que lo que en su origen tuvo una explicación en mayor o menor medida justificable como medio de desarrollo social y económico del país, en el presente ha derivado en el proyecto de especulación urbanística más grande de Europa (2)



En el contexto de desmonte y privatización de lo público, uno de los motores fundamentales del crecimiento económico de las grandes empresas capitalistas (urbanísticas, financieras, de industria básica, energía y telecomunicaciones, entre otras), que el Tratado de Maastrich consagró como modelo de la Europa de los mercaderes, RENFE, propietaria de los terrenos en los que se encuentran las vías de la citada estación, cede en 1993 sus derechos de explotación sobre el suelo a la empresa DUCH, tapadera del BBVA y del Grupo San José (constructores, no carpinteros), a cambio de futuros beneficios de la operación.



Hasta aquí el rastro del olorcillo de la especulación urbanística pero detengámonos en los detalles para mejor comprender cómo se va muñendo la conjura de los canallas. En 1993, con el PSOE en el Gobierno, y siendo RENFE aún pública, la empresa ferroviaria convoca un concurso público internacional para una "concesión sobre los bienes de dominio público del Estado" existentes en el ámbito del recinto ferroviario de Chamartín. Dichos bienes eran 62 hectáreas (620.000 metros cuadrados) de terreno. Dicho concurso fue resuelto con la adjudicación del mismo a la banca, entonces pública, ARGENTARIA (a partir de 1999 BBVA, ya con el PP en el poder). Con la adjudicación a ARGENTARIA de dicha concesión se constituye la sociedad mercantil privada Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH) S.A., coladero por el que entra la constructora Grupo San José (en un 27,5% frente al 72,5% de la entidad financiera) de rondón en una concesión a la que formalmente no se había presentado. Con la entrada en escena de la constructora se pergeñaba ya el inicio de un proceso hacia la recalificación de un suelo, hasta entonces público, que en el citado concurso no se había establecido.



Pero continuemos explorando el proceloso mar de las irregularidades de los tiburones de los negocios en este asunto. El listado de ellas es infinito:

* Para proceder a la adjudicación señalada RENFE se sacó de la manga la figura interpuesta de competencia delegada del Ministerio de Fomento, ya que su capacidad para otorgar concesiones administrativas era en aquel momento, como poco, discutible. Pero la concesión derivada de la adjudicación no podía interpretarse como un contrato privado, al contrario de lo dictaminado por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.
* El objetivo –declarado- del concurso público realizado por RENFE (hoy Adif) en 1993 era el del amejoramiento del emplazamiento de la red viaria de la Estación, así como la ampliación de la misma, a través de una trama urbana que eliminara la barrera física que suponía el nudo de vías para conectar los distritos al este y al oeste de la ciudad. Es cierto que, para ello (y aquí está la trampa inicial), se planeaba la financiación del proyecto mediante la inclusión en el mismo de nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona. (3) Esto es, un bien social al que se pretendía dar salida mediante la apertura a la iniciativa privada. Ya veremos luego que no es posible sorber y soplar a la vez.
* Sin embargo, los terrenos expropiados en los años 40 y 50 del pasado siglo a más de 1.000.000 familias tuvo por objeto la construcción de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral en Madrid. La inclusión en el nuevo proyecto de un planeamiento de desarrollo urbanístico e inmobiliario en los terrenos propiedad de RENFE creaba una situación de desafectación respecto a los motivos de la expropiación realizada en su día. Ello debiera haber permitido a los afectados y a sus herederos ejercer el derecho de reversión (4) sobre los terrenos en su día expropiados, lo que la empresa no les ofreció. No es mi intención defender el “sacrosanto derecho” a la propiedad privada pero la intervención exitosa de los afectados hubiera podido malograr, o cuando menos retrasar, el pelotazo especulativo organizado por las tres administraciones (central, autonómica y municipal)al servicio de sus amigos de las constructoras y de la banca.
* RENFE y el Ministerio de Fomento plantearon en 1993 una actuación urbanística a través de una concesión a un operador privado (DUCH) lo que, en la práctica le permitía actuar como propietario privado de lo que hasta entonces había sido suelo público pero ello sin cambiar la titularidad del mismo, para evitar convocar un proceso de desafectación y convocar a los afectados al ejercicio del derecho de reversión, sin cuya convocatoria dicho derecho no podía ejercerse.
* El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997 recalificaba los terrenos públicos afectados para usos lucrativos destinados a la venta, lo que daba sanción “legal” a su privatización. Con ese fin en 1993 se había concedido a ARGENTARIA, entonces banca pública, la actuación sobre los terrenos de RENFE. Vemos como, una vez más a lo largo de su ya larga historia como partido, el PSOE (entonces en el Gobierno del país) le hacía el juego sucio a la derecha. Subsumida luego ARGENTARIA dentro de la banca privada BBVA y establecida por ésta la figura de interposición DUCH, en un formidable juego de “matrioskas”(muñecas rusas de madera en las que unas estén dentro de otras más grandes) se daba apariencia legal a lo que, a todas luces, es un chanchullo corrupto de apropiación de lo público por los intereses privados.
* El proceso de planeamiento presentó también irregularidades. La actuación se incluyó en el Plan General y el Plan Parcial de Reforma Interior “Prolongación de La Castellana”, (nombre oficial de la Operación Chamartín) es aprobado el 5 de Noviembre de 2009 (5) con un proceso de información pública de sólo un mes, en Diciembre del mismo año (a todas luces insuficiente para un estudio detallado de impactos ambiental, social, urbanístico y económico que se derivaría de la actuación tanto en la zona norte de Madrid como en la ciudad y el área metropolitana). Dicha información publica y el debate argumentado de los impactos de esta operación han sido mero trámite sobre el papel pero inexistente en la realidad. Sería de interés leer detalladamente las alegaciones a dicho Plan Parcial presentados en su día por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) de Madrid (6) , si bien no fue seguida de esfuerzo movilizador a la ciudadanía. Los estudios incluidos a posteriori en la tramitación no han subsanado este déficit democrático.
* Para beneficiar la operación, el suelo se clasificó como urbano en el Plan General, a pesar de que se trata de terreno no urbanizado, que necesita importantes infraestructuras de conexión, que serán pagadas en su mayor parte por financiación pública (a pagar por los impuestos ciudadanos), eludiendo aplicarle las determinaciones que permiten, en suelo urbanizable, destinar el 50% de las viviendas edificables a algún régimen de protección pública. De las 16.000 viviendas proyectadas, sólo se prevé que 4.000 de ellas sean públicas (7)
* Para aumentar la edificabilidad, a demanda de DUCH S.A., se aprueba una nueva Ley del Suelo de la CAM (Ley 9/2001) que, modificando la legislación anterior, posibilita un incremento de 735.000 m2 edificables, al permitir que se contabilice el suelo calificado como Sistema General (la red de vías) como suelo que genera aprovechamiento.
* En 2002 el Ayuntamiento con la complacencia de la Comunidad, y ante la insistencia de DUCH S.A. y para viabilizar el proyecto con las plusvalías generadas por la iniciativa privada del mismo, aprobó una modificación del Plan General en la que casi duplicó el coeficiente de edificabilidad pasando del 0,6 m2 a 1,05 m2.



El largo proceso desde 1993 hasta 2010, año previsto de inicio de la Operación Chamartín, se explica desde los difíciles acuerdos y los numerosos desacuerdos entre las tres administraciones –en un tiempo todas del PP y en otro la central del PSOE y las madrileñas de la derecha oficial- y de estas con el BBVA y con su testaferro legal, DUCH.


Durante una serie de años, los que distan desde el triunfo electoral del PSOE en 2004 hasta la firma de los acuerdos entre la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez y el Alcalde de Madrid, Ruíz Gallardón, el 23 de Diciembre de 2008, la operación Chamartín ha estado paralizada, entre otros motivos, por la falta de coincidencia entre las propuestas del Gobierno español sobre la cuestión y las del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.



Dos años antes, Fomento, también manos socialistas, ya había llegado a acuerdos con DUCH, si bien estos no se materializaron por no cerrarse los mismos con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
La entrada del Gobierno español en los acuerdos de la Operación Chamartín mostraba, una vez más palmariamente, el compromiso del PSOE con la mafia del ladrillo, toda vez que la experiencia del Tamayazo en la CAM (compra de dos diputados del PSM-PSOE para impedir el pacto de Gobierno PSOE-IU) aclaró a este partido la conveniencia de mantener la docilidad con la misma que en tantos ayuntamientos ha venido manteniendo desde el año 1979.



Han predominado, aparentemente, los desacuerdos centrados en aspectos como la titularidad del suelo, el carácter que se concedía al mismo, los porcentajes de participación de la iniciativa pública y la privada en las inversiones, hoy absolutamente descompensada en beneficio de los menores costes para la segunda (8).
En el fondo, la cuestión estaba en cuánto dinero ponían las administraciones en infraestructuras de acceso y espacio público para “adornar” lo que sólo es promoción al beneficio empresarial, en cuánto descaro o disimulo se aplicaba en disfrazar el paso de lo público a lo privado, en qué cantidad de dinero aportaba la iniciativa privada y en el modo de vender a la sociedad el hecho de que una parte del proyecto se sufragara con las plusvalías de quienes no desembolsarán inicialmente apenas cantidad de inversión inicial previa. En todo caso, este último punto se solventa con una ausencia de información indecente a la ciudadanía madrileña de lo que conlleva el proyecto y de lo que cada ciudadano sufragará, vía impuestos, a mayor gloria y ganancia del Madrid de los negocios.



Tampoco podemos olvidar que dicha Operación sería un relumbrón electoral para las administraciones que pudieran capitalizar su puesta en marcha y que el PSOE tampoco estaba dispuesto a que dicho éxito se lo adjudicase el PP.
Se ha intentado argumentar que las demoras al proyecto tenían que ver con la voluntad del Gobierno español de incrementar el número de viviendas de protección oficial (VPO) pero lo cierto es que sólo pasaron de la inicial propuesta del Ayuntamiento de 2.000 hasta 4.000 cuando el acuerdo ha llegado, quedando muy por debajo de la potencialidad que la ley permite llegar hasta el 50% de VPO (8.000) en suelo urbanizable.


Sin embargo, el poder del dinero y el del ladrillo es tal que finalmente dichos acuerdos políticos han llegado a producirse, oscureciéndose los motivos de desencuentros anteriores entre las administración central, por un lado y autonómica y local, por el otro o, lo que es lo mismo, entre el PSOE y el PP. Es significativo como el lobby de las inmobiliarias ha mostrado su poder hasta el punto de que son decenas las páginas en Internet que actualmente censuran informaciones que dieron en el pasado sobre dichos desacuerdos (9)



2.-Pero, ¿en qué se concreta la Operación Chamartín?


Sin duda, las cifras y la especificaciones de detalle son el elemento que mejor puede alumbrar lo que hay detrás de éste proyecto:

* 312 Hectáreas (más de 3 millones de metros cuadrados) para crear un núcleo empresarial, financiero y residencial al norte de la Castellana. Adif (la antigua RENFE) aportará 200 Hectáreas. El resto lo harán la EMT, Canal de Isabel II y algunos propietarios privados
* Prolongación del Paseo de la Castellana en 2,8 kms
* 11.100 millones de € aportados, de los que 4.300 corresponden a la urbanización e infraestructuras (1.900 por parte de los propietarios, 1.000 por Fomento y 1.400 por la del Ayuntamiento) y 6.800 a la edificación, que serán aportadas por la iniciativa privada a partir de las plusvalías generadas por el negocio
* Las infraestructuras de comunicación previstas serán la prolongación de la línea 10 de Metro en 4,2 kilómetros con cinco nuevas estaciones; la ampliación en 2,6 kilómetros de la Castellana y su conexión con las circunvalaciones M-30 (by-pas de la M-30) y M-40 y los cuatro nuevos ejes transversales. Además, se cubrirán 600.000 metros cuadrados de superficie ocupados por vías de ferrocarril para eliminar la barrera creada históricamente por el ferrocarril a lo largo de más de cinco kilómetros. Igualmente se reubicará y construirá la nueva Estación de Chamartín por parte de Fomento y las conexiones viarias a la misma. Pero
o Dichas infraestructuras se vinculan a la realización del proyecto y no a un estudio de las necesidades viarias y descongestivas de la zona
o Se incrementa la opción del vehículo privado con la conexión a las citadas circunvalaciones de la M-30 y la M-40, con el consiguiente impacto sobre las viviendas de la zona y aledañas
* Se destinan 1.204.000 m2 a oficinas, 165.000 m2 a uso hotelero y otros 165.000 a comercial.
* Se construirán 20 edificios por encima de las 20 plantas y de los cuales hasta 10 podrían superar los 150 metros (técnicamente, 152,5 metros es la altura a partir de la cual se considera a un edificio rascacielos).
* 16.000 viviendas, de las cuáles sólo el 25% (4.000) serán de vivienda protegida.
* Se calcula que esas 16.000 viviendas darán habitabilidad a 52.000 nuevos residentes.
* El proyecto terminará su fase de concreción y de aprobaciones definitivas en 2010, se iniciará de 2011 y su construcción durará 12 años, hasta 2023. La parte más importante se realizará, en su primera fase, entre 2011 y 2014
* 541.000 metros cuadrados se destinarán a zonas verdes. Pero este dato es absolutamente tramposo, ya que se ha exonerado “gracias a la disposición adicional cuarta (DA4) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de la obligación de ceder suelo al Ayuntamiento para las redes generales. El fundamento de la cesión de terrenos para tales redes está referido a las necesidades de la ciudad y especialmente de las zonas aledañas al desarrollo en cuestión (en este caso, los deficitarios -en materia de zonas verdes, espacios libres y equipamientos públicos- distritos de Tetuán, Fuencarral y Chamartín). La cobertura de las necesidades derivadas directamente del desarrollo de que se trate está prevista gracias a las cesiones de terrenos para las redes locales. Pues bien, el subterfugio de la DA4 ha venido a escamotear un muy significativo paquete de suelos a la ciudad” (10)



3.-¿Cuál es el significado de todo esto?


En primer lugar, la apropiación del suelo público por el espacio y los intereses privados. De nuevo las tres administraciones –central, regentada por el PSOE, autonómica y municipal, ambas por el PP trabajan para los intereses de la banca (BBVA, a través de DUCH y la Corporación San José) y de las grandes constructoras.
En segundo lugar, apostar por la prioridad del mundo de los negocios (una nueva City al estilo londinense) antes que por las necesidades sociales y ciudadanas, especialmente en una sociedad en crisis económica, en la que se recortan día tras día las dotaciones sociales.



En tercer lugar apostar por un modelo de ciudad de rascacielos que oponga cada vez más el Norte (como continuación de las conocidas como Torres del Real Madrid o de Florentino Pérez), absolutamente paleto en su vocación de imitación de los modelos urbanos del falso desarrollismo, al Sur (con viviendas bajas y entornos mucho menos dotados).
Pero es incluso una bofetada estética frente al entorno ya construido próximo con el nuevo desarrollo (colonia de San Cristóbal, barrio de Begoña, caserío en el lado oriental de la avenida del Llano Castellano/Nuestra Señora de Valverde, Las Tablas…) donde la edificación se organiza en tipologías bajas y medias.



Desintegrará el concepto de ciudad vecina de las zonas posteriores del eje de Bravo Murillo, con viviendas mucho más modestas (Barrio de la Ventilla, zona de Tetúan trasera de Bravo Murillo,...)
Será un intento baldío de apostar por parches a la crisis en la Comunidad de Madrid y en su capital, a través de modelos especulativos, centrados en el mundo de los negocios y las viviendas para las rentas altas, que creen bolsas de hinchazón de la burbuja inmobiliaria local. El complejo CTBA (Cuatro Torres Business Area), que le anteceden en el Pº de la Castellana no están resultando, al menos en ocupación, un negocio inmobiliario “a posteriori” tan boyante como los especuladores pensaban, al menos por lo que a la ocupación de sus oficinas se refiere. La crisis ha venido a aguar en parte dicha visión ideal de ciudad de ricos y, como ha venido para quedarse, no dará previsiblemente mejor acogida al nuevo proyecto. Pero servirá de gran pelotazo urbanístico en el que las 3 administraciones hacen de alcahueta y los especuladores inmobiliarios y financieros de Al Capones de turno. Es significativo, en este sentido, ver cómo el apellido Aguirre aparece de nuevo en escena. La empresa Aguirre Newman, empresa asesora en materia inmobiliaria, de la que es Presidente Santiago Aguirre el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid tiene intereses, como asesor, en la Operación Chamartín, así como de la comercialización de la Torre Espacio en el CTBA



4.-¿Y ahora qué?


Es penoso ver la aceptación resignada de una parte de la izquierda (IU), que ha cuestionado el plan pero no ha movilizado contra él, del movimiento ciudadano, que ha pedido su retirada pero tampoco ha presionado socialmente contra el mismo, cuando no la complicidad de la pseudoizquierda “socialista” con el proyecto.
Resulta lamentable la debilidad de la extrema izquierda y su inopia (en su doble sentido, como indigencia y escasez y como ignorancia de los hechos), enredada demasiadas veces en luchas estériles entre sí o en debates sobre aspectos absolutamente irrelevantes cuando la realidad es otra y se nos impone reaccionariamente por parte del poder político y económico.


Habrá quien piense cínicamente, aunque no se atreva a decirlo, que en la fase en la que se está, de este proyecto megalómano y antisocial de expropiación de suelo en beneficio de los amigos de la clase social para la que la instituciones políticas trabajan, ya es tarde para oponerse y movilizarse contra este engendro y que sólo una agudización de la crisis podría detenerlo o al menos retrasarlo.



Pensar de este modo equivale a creer que sólo las batallas políticas y sociales que puedan ganarse han de ser dadas. Pero nada más falso que esta creencia.
Por coherencia política, por principios, por dignidad, por necesidad de no seguir resignándonos a lo que es nuestro, el suelo público, y el dinero de los ciudadanos que van a las arcas particulares, vía impuestos para sufragar, obras faraónicas que están arruinando la ciudad, esa batalla debe de darse.



Y debe de darse porque la especulación urbanística no sólo destruye la ciudad en la que habitamos y va expulsando progresivamente a las clases populares de ella, quedándose cada vez más como habitat de las clases de rentas altas, sino porque es una forma de corrupción económica –de los políticos y los poderes empresariales- y moral, de una ciudadanía a la que ya todo le va pareciendo cada vez más normal y no hay ya nada que le escandalice fuera de las críticas de la barra del bar.
Y debe de darse también esa batalla contra este nuevo pelotazo urbanístico que supone la Operación Chamartín porque la corrupción es el modo a través del cuál el capitalismo y sus servidores políticos nos están arrebatando los bienes comunes, cambian las prioridades de las necesidades sociales, dualizan la sociedad entre poseedores y desposeídos, pudren los valores democráticos y nos condenan a ser comparsa resignada de tan degradante espectáculo.



Y debe de darse también esa batalla porque resulta obsceno que en un Madrid en el que el 13,3% de los madrileños vive bajo el umbral de la pobreza, aumentando en los últimos 4 años de los que se disponen cifras en 4 puntos (9,5% en 1995), se dediquen 11.000 millones de pesetas a construir más “torres de la soberbia” para loor y gloria de este capitalismo indecente y de esta clase política corrupta.
No basta con denunciar. Es necesario movilizar, hasta donde se pueda y nos lleguen las fuerzas. Seguir mirando para otro lado, resignados y fatalistas, es ponernos nosotros mismos la cuerda de cáñamo con la que pretenden ahorcarnos. En nuestras manos está devolverles al menos una parte del “regalo” con nuestro no.





(1) http://www.operacionchamartin.com/
(2) http://www.cincodias.com/articulo/empresas/inmobiliarias-buscan-vias-entrada-operacion-Chamartin/20060810cdscdiemp_1/cdsemp/
(3) http://www.fcmanrique.org/recursos/actividad/471dfffctextosfelixarias.pdf
(4) El artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Noviembre de 1954, estaba vigente cuando los afectados por la expropiación para la construcción de la Estación de Chamartín intentaron ejercer su derecho de reversión, hasta su modificación por la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación: Dicho artículo, antes de su modificación, decía los siguiente:
1. En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el artículo siguiente.
2. No habrá derecho de reversión, sin embargo, en los casos siguientes:
Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. En este supuesto la Administración dará publicidad a la sustitución, pudiendo el primitivo dueño o sus causahabientes alegar cuanto estimen oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si consideran que no concurren los requisitos exigidos por la ley, así como solicitar la actualización del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos.
Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.
(5)http://www.publico.es/agencias/efe/185781/city/madrilena/comenzara/construirse/chamartin
(6) http://urbanismopatasarriba.blogspot.com/2009/12/los-vecinos-de-madrid-creen-que-la.html
(7) http://www.cincodias.com/articulo/economia/Luz-verde-operacion-Chamartin-anos-paralizada/20091106cdscdieco_12/cdseco/
(8) El sector público asume una proporción superior de cargas de la que le corresponde por su porcentaje de suelo, mientras RENFE (hoy privada como Adif)/DUCH, con el 62,9% del suelo sólo sufraga el 48% de las infraestructuras (la Estación de Chamartín “no será una carga para el proyecto”, por lo que no computa), las tres Administraciones públicas, con el 19,1% del suelo, sufragan el 38% de las infraestructuras. Fuente:http://www.fcmanrique.org/recursos/actividad/471dfffctextosfelixarias.pdf
(9) Basten sólo dos ejemplos al respecto, pero hay multitud a lo largo y ancho de Internet:
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/clusteredition/es/20060724,Expansion-91a2ac2e89ab8c602e9c6bfbca027793.html
http://www.expansion.com/2006/07/24/economia-politica/824176.html (noticia de la que sólo hay un encabezamiento pero no puede abrirse para su completa lectura)
(10) Alegaciones al Plan Chamartín (Plan Parcial de Reforma Interior APR08), presentadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Alegaciones al Plan Parcial de Reforma Interior APR 08.pdf 188,55 kB

http://www.otromadrid.org/articulo/9591/nuevo-pelotazo-urbanistico-vista-operacion/