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lunes, 7 de junio de 2010

REFORMA LABORAL O REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

CORRUPCIÓN VERTICAL Y TRANSVERSAL.

Rafael del Barco Carreras

7-06-10. Subida de impuestos, congelación de pensiones, recortes salariales, abaratar el despido, y hacia la rebaja de pensiones, copago en sanidad y enseñanza… o el despido libre, que para gran parte de la población en la práctica ya existe, podría retrotraernos a la Edad de Piedra, o más cercana en el tiempo a la Esclavitud, o llenar las fábricas por un cuenco de arroz al día. Pleno empleo, precios competitivos o dumping.

Si los alemanes y franceses creen que con las medidas impuestas a Zapatero para continuar mandando euros, enderezarán las finanzas públicas españolas equilibrando sus presupuestos, repito, están equivocados.

La degeneración española no proviene del mal uso de los beneficios sociales que conforman el llamado “Estado del Bienestar”, que también pero anecdótico, sino del disparatado y omnipresente peso de la Administración Pública, la ineficiencia o falta de rigor de sus político-funcionarios, la corrupción, la endogamia, sueldos públicos y parapúblicos o empresas semipúblicas de 3.000 a 7.000 euros mensuales y más, y un organigrama que heredado del franquismo se ha multiplicado subdividiéndose, encareciéndose y creando más gasto e inversión pública o parapública financiados con descontrolados créditos, hasta la práctica quiebra de la mitad del Sistema Financiero.

Las únicas medidas positivas radican en un cambio político, la Democracia, que barriera a la clase política dominante, y anular los derechos adquiridos desde tiempos pasados por las clases funcionariales dirigentes (cuerpos superiores de la administración del Estado) que no por casualidad conforman los altos cargos del Gobierno, tanto si gobiernan derechas como izquierdas.

Es decir, en lugar de despidos caros o baratos, anular el derecho de propiedad del empleo o cargo público, base de su impunidad e inmunidad. La disuasión corregiría productividad y corrupción. Quizá hasta despedir no menos de un millón de funcionarios y parafuncionarios contratados en los últimos años. Esta semana hemos visto como el Ayuntamiento de Santa Coloma readmite por imperativo legal a los implicados en el caso Pretoria.

Y es ridículo que los sindicatos, oficinas subvencionadas, convoquen una huelga general contra el Sistema por el que subsisten como otra más de las losas y subterfugios públicos. Su propia idiosincrasia, funcionarios y 30.000 liberados (más o menos los que contaban los sindicatos verticales franquistas que al disolverse engordaron las plantillas de varios ministerios) debería barrerse del mapa político español, formándose sindicatos libres y de clase.

Lo que quizá no han calculado los dueños de Europa, que España además de tener el 50% de sus pensiones y subsidios sociales por debajo del umbral de la miseria, arrastra un nivel de paro que dobla el de la comunidad, y por tanto varios millones de individuos que si deben apretarse el cinturón pueden asaltar la Bastilla. Pero y además, desequilibrando más si cabe, España es la Economía Sumergida (engordada por narcotráfico, prostitución, y el fraude o burbuja inmobiliaria, además de delitos menores) más potente de Europa, incluida Alemania, que se incrementa con las medidas en curso. No en vano una de las medidas propuestas es “blanquear” con emisiones de deuda, dicen aflorarían 50.000 millones de euros.

Insisto, la Zona Euro tiene un gran dilema con España, ni somos un país de Democracia a su uso, ni nuestra Economía se rige por sus parámetros. Seguir inyectando euros a través del actual Sistema Financiero, el dominado por político-funcionarios cártel de cajas de ahorros, bancos y Banco de España, es tirar agua a un cesto.







1 comentario:

Jesús Ruiz Pérez dijo...

"En lugar de despidos caros o baratos, anular el derecho de propiedad del empleo o cargo público, base de su impunidad e inmunidad. La disuasión corregiría productividad y corrupción. Quizá hasta despedir no menos de un millón de funcionarios y parafuncionarios contratados en los últimos años".
Esa medida no se puede tomar, porque aumentaría aún más la corrupción: cada cambio de color político en la administración central, autonómica o local correspondiente, se despediría a todos los funcionarios y se enchufaría a los candidatos propios. Ya pasó en España durante el siglo XIX. Recomiendo la lectura del siguiente artículo al respecto: Antonio Albuera Guirnaldos, "El cesante: análisis de un "tipo" social del siglo XIX", Cuadernos de Historia Contemporánea, Nº12 (1990), Madrid, Editorial Universidad Complutense.