Barcelona 16-09-2011. Todos de acuerdo, más billetes al mercado, ni Grecia ni nadie quebrará… pero a pagar más impuestos. Pagarán los ricos ¡y un cuerno!... y la inflación, los precios básicos subirán.
Se ha de convenir que nuestros políticos trastean bien la situación, ninguna medida que afecte su oxidada línea de flotación ante las elecciones. Los mercados, los bancos, reciben dólares nuevos, y sube la bolsa. Pero en España, el paro y las quiebras, ni si detienen, ni se detendrán. Los déficits públicos por “administración disparatada y fraudulenta” continúan corroyendo la “sociedad civil y productiva”… que a partir del próximo Consejo de Ministro deberá pagar más impuestos… que los “ricos” con “patrimonio” repercutirán en los pobres sin un duro. ¡Que sencillo es gobernar si no falla la continua impresión de billetes!
Los nórdicos se empeñan en acotar y poner en cintura el desmadre mediterráneo y comprueban que controlar e intervenir Grecia es más o menos asumible, pero con España casi imposible. Claro que tras las elecciones, gane quien gane, lo del impuesto de “patrimonio” será una broma, entre los recortes y más impuestos, el ambiente se convertirá en irrespirable ¡que ya lo está!
Parece que los americanos salvan ESPAÑA en el tercer aniversario del LEHMAN BROTHERS:
EL CONFIDENCIAL:
“EL BCE SERÁ EL QUE MATERIALICE LA INYECCIÓN EN TRES SUBASTAS
La Fed presta dólares a la banca europea para aliviar el bloqueo de la financiación”
LA VANGUARDIA
"Economía El euro acelera su escalada
El BCE y otros bancos centrales inyectan liquidez y las bolsas se disparan
El Ibex 35 cierra con una subida del 3,63% tras la decisión de las entidades monetarias y se sitúa en los 8.337 puntos"
Más tres pequeños titulares de los de cada día;
"Cambrils descubre una deuda de 53 millones de euros
Sara Sans - El anterior alcalde se defiende diciendo que las cuentas presentadas están maquilladas"
"Vida
El hambre en Catalunya se triplica y afecta a 1,5 millones de ciudadanos
El Banc dels Aliments atiende a 45.000 barceloneses en agosto por la crisis"
"Cataluña no tiene dinero para devolver sus bonos patrióticos
pretende pagar con más deuda"
Me recuerda Esquilache y los embozados... pero en mucho peor.
DE ANTONIO MARÍN SEGOVIA
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La Defensora del Pueblo asume una iniciativa de Cercle Obert: el derroche de dinero público debe ser delito
9:30
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a.marinsegovia@gmail.com
Antonio Marín Segovia
a.marinsegovia@gmail.com
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De: Antonio Marín Segovia (a.marinsegovia@gmail.com)
Enviado: viernes, 16 de septiembre de 2011 9:30:47
Me consta que estas noticias pasan desapercibidas, igual que la serie de propuestas que desde Cercle Obert llevamos años formulando a los ayuntamientos y otras instituciones en favor de la creación de parques de viviendas sociales para desahuciados y otras medidas para luchar contra la corrupción que el bipartidismo ha estimulado y favorecido, tanto por acción como por omisión...
Nosotros creemos que únicamente con el ejercicio de la presión sistemática y el empleo de la razón, se logrará se logrará poner en apuros y sensibilizar a la autista clase polítca que elegimos de manera tan irresponsable en esas ceremonias huecas, que algunos llaman elecciones
Nos felicitamos al constatar que la actual Defensora del Pueblo en funciones (vinculada directamente al PP) tiene un poco más de sensibilidad y al menos nos escucha, algo que no podemos decir del Sr. Mugica (que dice ser militante del PSOE) y de otros supuestos "socialistas".
Es triste comprobar la falta de respuesta que observamos a numerosas propuestas en favor de la dación en pago y de otras medidas que acaben con la especulación urbanística y el terrorismo finaciero, iniciativas que hemos realizado por escrito a través de los cauces legalmente establecidos durante los últimos 15 años...
Nos imaginamos que nuestros supuestos representantes tienen otros asuntos, de gran enjundia, que abordar y que les deparan mayores beneficios personales e inconfesables... a pesar de que nuestras iniciativas son de gran calado y suelen ocupar gran parte de todos los medios de comunicación a diario.
Seguiremos trabajando, pero lejos de todos los partidos, sindicatos y demas cofradías de creyentes autistas e irresponsables.
Cercle Obert de Benicalap
MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS
Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.
Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice:
“Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...”
Pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad
privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple
sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el
artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión). así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente
Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal,
El Pleno Municipal de XXX adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.
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