Las asociaciones de jueces denuncian una Justicia agotada y caótica
Rafael del Barco Carreras
Barcelona 23-07-2011. Que los sumarios penales los instruyan los fiscales en lugar de los jueces sin cambiar la estructura burocrático-piramidal de la Fiscalía, dependiendo del Poder Ejecutivo a través del Fiscal General, nombrado a dedo, además de otro atentado a la Democracia y su división de poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial, puede no tener otro objetivo que blindar la impunidad de los políticos, o dominar en los sumarios que les afecten. Y si en la actualidad los fiscales dirimen por pactos en más del 40% de los casos penales, el Poder de unos funcionarios será total, aunque subordinado al Ejecutivo.
Tema muy traído y llevado con disgusto de los jueces y aplauso de los fiscales, y con citas en www.lagrancorrupcion.blogspot.com. Y si nos atenemos a las causas en curso, aunque sobre esas cifras también hay divergencias…
"El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, reconoce que el PSOE supera al PP en corrupción al revelar que en la actualidad hay un total de 730 casos de corrupción, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos, de los que 264 son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.
También hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independentista Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local."
… y las que se sumarán si se profundiza en la Crisis y la delictiva Burbuja Inmobiliaria quebrando cajas de ahorros, bien vale dejar “atado y bien atado” un flanco cubierto ahora con la incognita del juez “que toque”, aunque también se pueda manipular reparto de la causa y juez.
Demasiado politizados los jueces para su fiabilidad como demuestran sus asociaciones:
Asociación Profesional de la Magistratura –que cuenta con 1.400 asociados del total de 4.800 jueces, un 30%
Jueces para la Democracia –que cuenta con más de 500 asociados
Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, 595
Y el Foro Judicial Independiente, que publica;
“Es un clamor cada día más evidente en la sociedad española la exigencia de acabar con la politización partidista de la Justicia, que se percibe como uno de los mayores problemas en todas las encuestas sociológicas realizadas y que se reclama insistentemente por la mayoría de la carrera judicial, por las opiniones doctrinales más autorizadas, por la práctica unanimidad de los medios de comunicación, por movimientos ciudadanos, constatada por la doctrina de nuestro Tribunal Supremo.”
A suponer que los infinitos letrados del Ejecutivo, soñando siempre con reformas de elefante que acaban en escuálidos ratones, por suerte no puedan terminar en lo que queda de legislatura la monumental y de entrada corrupta barbaridad, aunque la actual Judicatura merezca y deba desaparecer con fórmulas estrictamente democráticas. Pero quizá convenzan por las mismas razones prácticas a los demás partidos políticos, todos interesados ante la avalancha de casos de corrupción, y aprobar en el Congreso el engendro casi por el procedimiento de urgencia. Ante la Opinión Pública con la cínica comparación a la fiscalía americana y una campaña mediática adecuada tienen bastante.
El Gobierno pone en marcha la mayor reforma penal desde la entrada en vigor de la Constitución
divendres, 22 / juliol / 2011
• 1 10:02 Intervención de José Blanco
• 2 14:38 Intervención de Francisco Caamaño
• 3 32:43 Preguntas de los periodistas
• 4 01:36 Blanco: “El acuerdo del Eurogrupo valora positivamente las reformas de España”
El Consejo de Ministros ha presentado dos anteproyectos de Ley que establecen un nuevo modelo de justicia penal: el de Enjuiciamiento Criminal y el de Desarrollo de los Derechos Fundamentales vinculados al proceso penal.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el ministro Portavoz del Gobierno, José Blanco, han explicado en rueda de prensa posterior al Consejo Ministros los cambios en el proceso penal que prepara el Gobierno.
Es la primera vez, desde la entrada en vigor de la Constitución, que se formaliza una iniciativa de cambio del proceso penal tan profunda.
El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal responde al compromiso del Gobierno de modernizar la organización de la justicia en España. La actual ley data de 1882, de ahí la necesidad de esta reforma.
La futura ley establece, entre otras novedades, que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación, como ocurre en la práctica totalidad de los países democráticos, pero siempre bajo un control judicial imparcial.
El ministro Portavoz, José Blanco, ha concretado que la norma regirá el 70% de los pleitos en España y considera que es un instrumento "más eficaz en la lucha contra el crimen y para apoyar a las víctimas".
"Una ley con mucho más juez"
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Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha subrayado que la ley intenta "razonablemente y buscando equilibrios" solventar la tensión existente en la primera fase del proceso penal entre jueces y fiscales.
Caamaño ha explicado que "frente al modelo de juez instructor y juez que juzga, vamos a tener un juez de garantías, que controla la investigación, un juez de la audiencia preliminar, que controla la acusación, y un juez que juzga". "Ésta no es una ley con menos juez, al revés es una ley con mucho más juez", ha añadido.
El ministro ha detallado que la investigación y la dirección de toda la investigación y de la policía judicial corresponde al fiscal, pero todos los actos del fiscal: prolongar la investigación, decidir en entrar o no en el domicilio de una persona, decidir su prisión o su puesta en libertad, son controlados inmediatamente por un juez.
Caamaño ha añadido que el juez "no forma parte de la investigación" y, por tanto, ofrece claras garantías de neutralidad a los ciudadanos por el alejamiento al proceso de investigación que está dirigiendo el fiscal. "Todos los actos relevantes que realice el fiscal están sometidos a un juez que se denomina en la ley juez de garantías", ha dicho.
Además, ha indicado que "si iniciada la investigación, los acusaciones consideran que han acumulado pruebas suficientes y quieren formalizar la acusación contra la persona que han investigado irán a un juez distinto" ajeno a la investigación. A ese juez se le denomina juez de la audiencia preliminar y decidirá si es posible o no formular acusación contra una persona.
Finalmente, si se supera el juicio de acusación y ese juez considera que hay elementos bastantes para procesar, será un tribunal de justicia distinto quien resuelva, según Caamaño.
Derechos vinculados al proceso penal
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El Consejo de Ministros también ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal. "Una norma que regula derechos tan importantes como los de la persona detenida o el control judicial de las medidas limitadas de libertad", ha explicado el ministro Portavoz y ministro de Fomento, José Blanco.
El ministro Caamaño ha señalado que la norma regula los derechos de la persona detenida, el control judicial de las medidas limitativas de la libertad, así como todas aquellas con incidencia en la integridad física o la intimidad de las personas .
Preguntado por el modelo de comunicación en el nuevo proceso penal, el ministro de Justicia ha aclarado que le ley "sólo quiere dar una pauta a los fiscales, a los jueces y al sistema de justicia para hacer una comunicación más transparente, protegiendo al tiempo los intereses de los ciudadanos.
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia.
José Blanco ha asegurado que la norma "contribuirá a racionalizar y simplificar nuestro sistema judicial. "Se hace para ganar en eficiencia, acortar los tiempos de espera y facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia", ha añadido.
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