22-07-2010. El nombramiento de Mireia Astor del Bufete Piqué Abogados Asociados, o sea, Juan Piqué Vidal, para la defensa de Félix Millet, ha resucitado el caso Banca Catalana. Es lógico, si Millet según sus anotaciones recolectaba entre las constructoras para los muchachos (jerga Al Capone) de Jordi Pujol, y además Renta Catalana, la estafa por la que estuvo en los 80 unos días en la cárcel y se le condenó, se relacionaba con Banca Catalana, todo encaja.
Pero yo insisto intentando torcer las sospechosas y partidistas hemerotecas, y de paso contestar a quien se extraña que Millet elija a un abogado tan desprestigiado en una ciudad con 18.000 colegiados. Ya he contestado que el “maletín” no se desprestigia nunca, y si además viene acompañado por un toque de atención recordando tiempos pasados, por ejemplo, el caso Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, 1980, el efecto disuasorio es doble. Piqué, que tenía el número de cuenta en Suiza del juez Luis Pascual Estevill, puede tener el de varios jueces o fiscales más… jubilados y “en activo”.
La Prensa marea la perdiz con el caso Banca Catalana (donde ¡oh milagro jurídico! procesarían al consejo de administración pero no a su presidente) como nexo entre Jordi Pujol, Félix Millet y Piqué Vidal, pero el nexo entre Piqué y los “jueces o fiscales” viene de antes; y de antes incluso del Caso Consorcio, pero se consolida en él. Sin intervenir directamente porque yo renuncié a su defensa sustituyéndole por Luis Pascual Estevill, a quién rápidamente compró, iniciando su asociación, el caso Consorcio pivota entre los abogados Juan Piqué Vidal, Luis Pascual Estevill y Rafael Jiménez de Parga, mas Javier de la Rosa, verdadero culpable, y Narcís Serra, acusador y gran beneficiado, ¡el no va más de toda corrupción!
En cuanto a los “jueces”, a partir de su “asociación” por los 60-70 con el juez Adolfo Fernández Oubiña (que junto a José Luis Barrera Cogollos, actual presidente de la Audiencia, formó el irregular Tribunal del Caso Consorcio) su ascenso en casos y “negocios” es imparable, aunque a mediados de los 70 tuviera un tropiezo con Renta Barna (chiringuito financiero similar y cercano a Renta Catalana) del que se salva por Javier de la Rosa. Y si con Jordi Pujol, atrapado en Banca Catalana, gana prestigio social, con Javier de la Rosa, salvado del Caso Consorcio, el dinero llovería ilimitado; del propio Consorcio, del Banco Garriga Nogués, de KIO, de Gran Tibidabo-Port Aventura, supuesto blanqueo… etc.etc. y ¡Ahora de Millet y Palau de la Música!
Como la pregunta de otro comentarista deriva al poder del “maletín”, ¡y ya preciso demasiado!, recomiendo, a él y demás curiosos, o posibles nuevos clientes del bufete ¡quizá les interese! la lectura de la parte de “Barcelona, 30 años de corrupción” editada en www.lagrancorrupción.blogspot.com el 13 de febrero del 2010, o todas las muchas páginas relacionadas con Banca Catalana y “sus jueces”, y para más referencias (aunque algunas sean dudosas, incluso las mías por las tendencias de las fuentes) adjunto en el mismo blog un artículo de EL PAIS sobre los jueces de Banca Catalana, y la de Wikipedia.
EL PAIS 1986
EL PLENO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE BARCELONA
Los jueces del 'caso Catalana'
El próximo día 21, los magistrados deberán decidir si procesan a Jordi Pujol y a otros 16 directivos bancarios
- Barcelona - 16/11/1986
El 21 de noviembre, un número aún no determinado de magistrados -entre 40 y 43- se reunirá en la sala de plenos de la Audiencia Territorial de Barcelona para examinar uno de los casos más polémicos de la historia judicial española: el supuesto fraude de Banca Catalana y la petición de procesamiento solicitada por el fiscal contra Jordi Pujol y otros 16 ex directivos bancarios. El equipo de magistrados es relativamente joven. Su media de, edad no supera los 48 años, de los que 19 los han dedicado al servicio de la justicia. Con todo, en el grupo hay nueve sexagenarios. En ese conjunto predominan los magistrados nacidos en Cataluña, pero no debe olvidarse que, en algunas ocasiones, los más audaces defensores de la catalanidad de la justicia en esta comunidad autónoma han sido los de otras zonas de España.
F. SALES, Tienen una media de edad de 48 años y llevan 19 dedicados a administrar justicia. Éste es uno de los rasgos más significativos del retrato robot del equipo de magistrados que compone el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, que el próximo viernes día 21 tiene previsto reunirse para pronunciarse sobre la petición de procesamiento solicitada por los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo contra Jordi Pujol y otros 16 ex consejeros y directivos de Banca Catalana.
El pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, que actúa en este caso en sustitución del todavía no creado Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo forman un total de 50 magistrados, que proceden de tres salas de lo civil, seis de lo penal y tres de lo contencioso administrativo, a quienes hay que sumar los máximos responsables. de la institución judicial: el presidente de la Audiencia Territorial, Jaume Amigó de Bonet, y el de la provincial, Antonio Doñate.
Seis vacantes
A pesar de que la Audiencia de Barcelona está compuesta por medio centenar de personas, al cónclave del próximo día 21 de noviembre no asistirán más de 43 magistrados, pues existen seis vacantes no cubiertas, a las que hay que sumar la ausencia obligada del instructor adjunto, Enric Anglada Fors, que, con sus 33 años de edad, es uno de los magistrados más jóvenes de la Audiencia Territorial. Anglada no asistirá, en cumplimiento del principio jurídico de la "imparcialidad del juzgador", establecido en la ley de Enjuiciamiento Criminal, por el que no se permite que el juez instructor sea al mismo tiempo juzgador. A estas ausencias habrá que añadir la de quienes no puedan asistir por cualquier razón -que deben ser de "fuerza mayor"-, que habrán de justificar explícitamente ante la presidencia.
El primer punto polémico de la sesión podría suscitarse en torno a la configuración del propio pleno, respecto a la presencia o no de tres magistrados recientemente incorporados a la Audiencia. Su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado 1 de noviembre y, según dispone el artículo 319 de la ley Orgánica del Poder Judicial, tienen un plazo máximo de 20 días para incorporarse. Ese plazo finaliza el mismo 21 de noviembre. En medios próximos a la presidencia de la Audiencia Territorial se asegura que a los tres magistrados se les podría dispensar su asistencia al pleno, si previamente reclaman una dispensa especial.
Entre los magistrados entrantes se encuentra Rafael Gimeño Bayón Cobos, titular hasta hace poco de un juzgado de Mataró y que pertenece al colectivo Jueces para la Democracia. Tiene una acreditada trayectoria progresista, puesta de manifiesto en numerosas ocasiones a raíz de sus comprometidas investigaciones. Entre ellas, destacan las efectuadas sobre grupos de extrema derecha y sus supuestas conexiones con fuerzas de orden público, en las que llegó a ordenar que se interviniera el teléfono de un cuartel de la Guardia. Civil. Gimeno también investigó -la contratación ¡legal de obreros africanos y procesó. por ello a diversos industriales de la comarca. El magistrado Gimeno empezó a estudiar la causa de Banca Catalana la semana pasada, cuando aún no se había incorporado oficialmente a su nuevo destino.
Antes del día 21 de noviembre, se incorporará también a la Audiencia de Barcelona otro magistrado, José María Rives Seva, de 33 años, natural de Callosa de Segura, procedente de un juzgado de Denia (Alicante). El tercer recién llegado es una mujer, María Dolores Mondelo, que pasó desde un juzgado de distrito a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo de Barcelona.
Una media de 48 años
El pleno está formado esencialmente por magistrados que, por la media de 48 años, puede considerarse joven. Dieciseis de ellos tienen menos de 40 años, siete están entre los 40 y 50, y veinte superan los 50 años, nueve de los cuales son sexagenarios.
El magistrado más joven es Miguel Bañuls RIbas, de 27 años, que nació en Liria (Valencia). El de mayor edad, Eloy Mendaña Domínguez, que cumplirá 70 años el 1 de diciembre próximo, es padre de otro juez de primera instancia. Mendaña, el decano del pleno, es un hombre de talante liberal. Desempeña sus funciones en la misma sala en que estuvo destinado el juez instructor de la causa, Ignacio de Lecea, hasta que el pasado 22 de octubre se jubiló. Esta sala tiene, en medios jurídicos, reputación de conciliadora y benévola.
Mendaña inició su carrera como funcionario en Zamora, cuando tenía 16 años, mientras empezaba a estudiar Derecho. Ha estado destinado en los juzgados de Puebla de Sanabria (Zamora), Quiroga (Lugo), Almendralejo (Badajoz) y Barcelona.
Otros cinco magistrados están en puertas de la jubilación: Julio Selva, Siro Fernández, Ricardo Ferrer de la Cruz, Jaume Amigó de Bonet y José María Amorós. Tras la jubilación de Mendaña, el próximo 1 de diciembre, está previsto que aban-donen el servicio otros dos magistrados en octubre y noviembre de 1987, y los tres restantes lo harán el 1 de enero de 1988.
Doce catalanes
El grupo de magistrados nacidos en Cataluña es mayoritario respecto a los de las demás comunidades: son doce y todos ellos utilizan habitualmente la lengua catalana. Ocho -entre los que figura el presidente de la Audiencia Territorial, Jaume Amigó de Bonet- nacieron erí Barcelona, mientras que los restantes lo hicieron en Figueres, Vic y Gerona.
A pesar de que el grupo de catalanes es el más numeroso, en algunas ocasiones los dinamizadores del proceso de catalanización de la Administración de justicia han sido magistrados nacidos en otros lugares. En el mes de diciembre de 1983, un gallego, Adolfo Fernández Oubiña, con la colaboración de un valenciano, José Luis Barrera Cogollos, y de un aragonés, Manuel Derqui Balbuena, redactaron la primera sentencia en lengua catalana, en un caso civil sobre una herencia, en cuya resolución se aplicó un principio jurídico de derecho foral autóctono. La iniciativa de Fernández Oubiña sorprendió a la propia presidencia de la Audiencia Territorial, que conoció el hecho cuando ya se había producido, al recibir al día siguiente la felicitación de un alto cargo de la Generalitat.
Fernández Oubiña, de 53 años, conversador incansable y discrepante permanente, es hijo de un cacique orensano de Caldas de Rey y desciende de una familia de funcionarios judiciales. Durante dos años, fue oficial en la Legión. Su primer destino fue de juez instructor en Muros de Paredes (León). Allí le expedientaron por primera vez al publicar un libro titulado Sociología para la convivencia. Luego estuvo en juzgados de Muros (La Coruña), Reus (Tarragona), San Sebastián, L'Hospitalet (Barcelona) y Barcelona. En 1981, a raíz de una investigación efectuada sobre el funcionamiento de la delegación del Ministerio de Educación y Ciencia de Barcelona, descubrió una doble contabilidad -un tema que vuelve a estar sobre la mesa en el caso Catalana-, acabando todo en el procesamiento de tres funcionarios, la propia delegada y otros dos altos cargos traspasados a la Generalitat, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. En enero de 1984, se sobreseyó la causa a petición del fiscal, y el asunto se zanjó con un auto señalando que una cosa, son las irregularidades administrativas suscitadas por el sistema presupuestario español y la pobreza de sus medios, y otra muy diferente las actividades supuestamente delictivas. Oubiña, que inició aquel procedimiento Judicial, es hoy, sin embargo, uno de los más firmes defensores de exculpar a los querellados, incluido Jordi Pujol.
En la Audiencia hay, además, nueve magistrados de la Comuñidad Autónoma de Valencia, siete de la de Castilla-León, cinco gallegos, cinco aragoneses, tres de Castilla la Mancha- y tres andaluces.
Cinco mujeres
Margarita Robles Fernández, de 30 años, natural de León aunque oresidente en Barcelona desde su infancia, fue la primera mujer que ocupó un lugar en el estrado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Es miembro activo de Jueces para la Democracia y fue la ponente en la causa criminal contra los tres inspectores de policía que resultaron condenados a seis meses de,arresto por la forma cómo se produjo la muerte de un militante de los GRAPO, Juan Martín Luna. Antes de su actual destino en Barcelona, estuvo en los juzgados de Balaguer (Lérida), Bilbao y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). En esta última localidad, abrió una causa contra Antoni Comas, actual responsable de organización de Convergéncia, para examinarsus responsabilidades respecto a unos problemas en la editorial Seix y Barral, en la que era alto directivo. Margarita Robles dictó el procesamiento de Comas que, posteriormente, quedó sobreseído, al demostrarse su inocencia en la misma sala de la Audiencia que hizo lo propio con la causa abierta en torno a la doble contabilidad de la delegación de Educación y Ciencia.
En los últimos años, otras cuatro mujeres han llegado'a la Audiencia de Barcelona: María Dolores Mandelo, Tarsila Martínez, Celsa Picó y Mercedes Morades. Como las mujeres únicamente pudieron acceder a la carrera judicial en 1961, la media de antigüedad de las magistradas de Barcelona no superan los seis años. Por término medio, los magístrados de la Audiencia de Barcelona han dedicado 19 años a la administración de justicia.
La mitad de los miembros del pleno tienen menos de 20 años de profesión, y entre ellos hay catorce magistrados con menos de diez años de actividad. Veintiún magistrados han ejercido su carrera durante más de 20 años y sólo uno de ellos lo ha hecho durante más de 41: Ricardo Ferrer de la Cruz, titular de una de las salas más prestigiosas de Barcelona.
El clan de los gallegos
El grupo de magistrados gallegos es uno de los más compactos de la Audiencia de Barcelona, aunque con escasa o nula incidencia sobre los temas judiciales, dada la disparidad de criterios que muchas veces tienen con respecto a diversos temas, incluida su opinión sobre el caso Banca Catalana. Aglutinados en torno a Adolfo Fernández Oubiña y Manuel Gaspar Quiroga Vázquez, natural de Monforte de Lemos (Lugo), realizan colectivamente diveras actividades de tipo gastronómico y lúdico. Los martes o los viernes se les puede sorprender en cualquier restaurante elegante de la ciudad, y el domingo, juntos, en las gradas del estadio del Club de Fútbol Barcelona.
Independientemente de lo anterior, y con los folclorismos al margen, en la Audiencia de Barcelona son reconocibles sobre todo dos grupos profesionales: el aglutinado en torno a los militantes del colectivo Jueces para la Democracia -heredero directo de Justicia Dernocrática-, y el de la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia más conservadora.
En Jueces para la Democracia militan, en el sentido estricto del término, sólo cinco magistrados, entre los que se encuentra el propio presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Doñate. En la Asociación Profesional, mucho más numerosa, están incluidos un buen número de magistrados, encabezados por Francisco Talón Martínez, del secretariado estatal, y Juan Poch Serrat, presidente de la sección provincial.
Francisco Talón, 52 años, de Valencia, es profesor de Derecho Penal en la Universidad Central de Barcelona y amigo personal del titular de la cátedra, Joan Córdoba, un letrado clave, junto con Joan Piqué Vidal y Jordi Carreras LLansana para la defensa de los querellados de Banca Catalana. Por ésta causa, Talón se mantuvo al margen de este tema hasta que entró en vigor la nueva ley Orgánica del Poder Judicial, que hizo desaparecer las incompatibilidades basadas en los lazos de manifiesta amistad. Talón fue candidato a vocal dél Consejo General del Poder Judicial, pero contó con la oposición de los sectores socialistas. El pasado año, se barajó su nombre para cubrir la presidencia de la Audiencia Provincial de Bilbao.
Juan Poch, de 58 años, natural de Figueres (Gerona), fue en el pasado juez especial para los delitos de Prensa. Afirma que se negó a convertirse en un Torquemada y en medios judiciales se recuerdan aún sus sentencias, que fueron un ejemplo de liberalidad y democracia en unos años en que menudeaban las sanciones y condenas a periodistas, editores y escritores. Su nombre, junto con los de Enrique Lecumberri y Luis María Díaz de Valcárcel, forma parte de la terna de favoritos para ocupar la vacante dejada por Cesáreo Rodríguez Aguilera en el Consejo General del Poder Judicial.
Banca Catalana
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Banca Catalana fue una entidad financiera creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol i Brugat, su hijo Jordi Pujol y Francesc Cabana i Vancells, con la compra de la Banca Dorca de Olot por un grupo de personas de sectores económicos diversos. En 1961 trasladó su central a Barcelona y cambió su nombre por el de Banca Catalana.
Origen y expansión
Gracias a una nueva ley de Ordenación Bancaria aprobada por las autoridades franquistas, durante las décadas de 1960 y 1970 se expandió y abrió oficinas por toda Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, así como en Madrid, Zaragoza, Bilbao y San Sebastián. Suele decirse que la entidad financió actividades catalanistas de todo tipo, incluso el fichaje de Johann Cruyff por el FC Barcelona en 1974.[1]
En 1971 absorbió el Banco de Expansión Comercial de Capellades, y en 1980 el Banco Mercantil de Manresa y el Banco de Barcelona, al tiempo que integraba el Banco Industrial de Catalunya con caracter de socio mayoritario. Incluso, a petición del Banco de España, se hizo cargo del Banco de Gerona (1975) y del Banco Industrial del Mediterráneo (1979), que atravesaban por dificultades. Entre 1974 y 1976 repartió 516 millones de pesetas en dividendos, pese a que tenía un déficit de 11.086 millones, y se realizaron algunas inversiones sobre las que posteriormente se detectaron irregularidades (como la de Montigalà, en Badalona).[2]
En 1981 era el décimo grupo bancario español y el primer grupo bancario catalán, con unos depósitos de 262.226 millones de pesetas, una red de 352 oficinas y 5.226 empleados. Mantenía posiciones de control sobre el Banco de Alicante y el Banco de crédito e Inversiones y tenía delegaciones en Londres, París y México.
[editar] Caso Banca Catalana
En 1982 entra en crisis cuando un falso anuncio de suspensión de pagos provocó una salida del 38% de los depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas. Los primeros intentos de solución fracasaron, y como uno de los directivos de los años setenta fue el entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol i Soley, el caso cobró connotaciones políticas. El Banco de España nombró tres administradores en noviembre de 1982, que anunciaron un fuerte desequilibrio patrimonial, la reducción del capital y una fuerte ampliación para revitalizar la entidad en noviembre de 1982, que sería cubierta por el Fondo de garantía de depósitos.
En 1983 el grupo fue traspasado a un consorcio formado por toda la gran banca española, de manera que en 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con el 89% de las acciones de Banca Catalana y con el control del Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Barcelona y Banco Industrial de Cataluña. En mayo de 1984 Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General del Estado dirigida por Carlos Jiménez Villarejo contra los exdirectivos de la entidad, y fue objeto también de duros ataques en los artículos de Alfonso Quintà en el diario El País. En octubre de 1984 el magistrado Ignacio de Lecea tomó declaración a Pujol durante dos horas y media en su residencia oficial de la Casa dels Canonges, trámite en el que también estuvieron presentes el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, y los abogados defensores Joan Piqué Vidal y Juan Córdoba Roba.
El juez dio por concluida la instrucción del sumario en mayo de 1986, después de haber recopilado más de 3.000 folios en nueve volúmenes, que se complementaban con cerca de 65.000 folios de documentación. Un mes después, los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de procesamiento de los 18 exconsejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. Sin embargo, en noviembre de 1986, reunido el pleno de la Audiencia de Barcelona para decidir sobre esta petición, 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en su actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, mientras de 8 jueces se pronunciaron a favor del procesamiento. La instrucción del caso continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.[3]
El fin de la entidad
En 1988 pasó a formar parte del grupo Banco Bilbao Vizcaya (BBV), desde 2000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Ese año el grupo decidió la absorción total de Banca Catalana, eliminando la denominación y todos los signos externos.
Los 25 implicados
Los implicados en la querella fueron[4] Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda i Ramón Monforte i Navalón.
[editar] Referencias
1.↑ Artículo sobre las relaciones entre Jordi Pujol y el Barça (en catalán)
2.↑ Artículo de El País sobre las supuestas irregularidades de Banca Catalana
3.↑ Artículo sobre la resolución de la sentencia del caso Banca Catalana (en catalán)
4.↑ Artículo de El País sobre los implicados en la querella
