Rafael del Barco Carreras
Corbacho deja el Gobierno y vuelve a Cataluña con Montilla
El titular de Trabajo concurrirá en las listas del PSC a las elecciones catalanas de otoño por lo que dejará próximamente el Gobierno de Zapatero
Barcelona 3-09-10. A pesar de sus geniales trampas el paro sube y las bajas de la Seguridad Social más. Hoy se anuncia su cese de ministro e incorporación a las listas socialistas de las próximas elecciones catalanas. La Política Catalana no puede perder a tan valioso personaje. El PARO, la consecuencia lógica de la gran y fraudulenta Burbuja Inmobiliaria, tiene unos responsables que se hunden en el tiempo, y Corbacho anduvo muy metido y con excelentes maestros. Se inició con uno de los buenos, el primer alcalde de la llamada Democracia en Hospitalet, coetáneo y camarada de Narcís Serra:
De Wikipedia, la enciclopedia libre:
“Juan Ignacio Pujana Fernández es un político español. Militante de UGT durante los últimos años del franquismo, fue escogido candidato del PSC-PSOE para la alcaldía de l'Hospitalet de Llobregat en las elecciones municipales españolas de 1979. Fue el primer alcalde democrático de l'Hospitalet después del franquismo, y ocupó el cargo hasta el 9 de mayo de 1994, cuando fue obligado a dimitir por haber sido acusado por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de los delitos de tráfico de influencias y soborno.[1] [2]
El 31 de julio de 1995 fue condenado a seis años de inhabilitación, 300.000 pesetas de multa y un mes y un día de arresto por un delito de tráfico de influencias pero la sentencia lo absolvió de dos delitos de soborno por la concesión de las obras de un aparcamiento debido a la de falta de pruebas.[3] En 1997 fue acusado nuevamente de malversación de caudales públicos por la adjudicación irregular de un aparcamiento,[4] pero el 2 de febrero de 1998 fue absuelto por la Audiencia de Barcelona”.
De Vikipedia, Celestino Corbacho:
“…Su primer cargo público lo obtuvo en 1983, en las listas del PSC al Ayuntamiento de Hospitalet, siendo nombrado concejal de urbanismo. En los años siguientes ocuparía la tenencia de alcaldía, el cargo de portavoz del grupo municipal, responsable de Programación y Planificación y responsable de Presupuestos Municipales. También en 1983 fue elegido diputado provincial, manteniendo desde entonces el cargo de vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Barcelona…El 13 de mayo de 1994 fue elegido alcalde de Hospitalet de Llobregat”.
Un cachorro con notable dentadura aunque sin especial preparación para cargos tan técnicos, o sea, la voz de su amo. A estos retazos se debe añadir, además de la benevolencia de la Justicia y Fiscalía barcelonesa con su jefe Pujana, muy propia en estos casos, entre otras la noticia en La Vanguardia de fecha 20 enero 1989 página 16, en la que se cuenta que la Alcaldía de Hospitalet contrató la auditoria de varias de sus secciones a unas empresas auditoras que no existían, y que añado de mi cosecha los mismos “auditores” auditaron por entonces algunas sociedades de Javier de la Rosa. Auditorias falsas, y que se sepa sin respuesta judicial. Ver “Barcelona, 30 años de corrupción”.
Antecedentes del Caso Pretoria, o el mismo caso abarcando 30 años, donde aparece Imanol Pujana Fernández, citado por gerente del Consell Comarcal del Barcelonés, y además de otros cargos consejero de REGESA, Sociedad Metropolitana de Rehabilitación y Gestión SA. Ver artículo sobre el caso en EL PAIS de f. 5-07-10 “La Guardia Civil aumenta la lista de implicados en el Caso Pretoria”. "Hay que ver cómo repartimos", dijo Imanol Pujana. Lo digo por lo de la endogamia y amigocracia. Recalificaciones, obras públicas, comisiones o mordidas en negro… el vaciado de caixas, la quiebra del País.
Continuará…
EL PAIS, 05-07-2010
“La Guardia Civil aumenta la lista de implicados en el 'caso Pretoria'
La investigación vincula a la trama al secretario de Santa Coloma, a dos responsables de Gramepark y al gerente del Consejo Comarcal del BarcelonèsSanta Coloma iba a recalificar otra vez el proyecto Cubics para favorecer a Prosavi
ORIOL GÜELL / MANUEL ALTOZANO - Barcelona / Madrid - 05/07/2010
La Guardia Civil ha concluido el grueso de las investigaciones del caso Pretoria -la trama de corrupción urbanística que desde Santa Coloma de Gramenet se ha extenido a otros municipios- y el resultado de las pesquisas, un grueso informe de 319 páginas que ya ha sido entregado a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, vincula a nuevos cargos públicos, funcionarios y empresarios a la trama. La investigación abre la puerta a nuevas imputaciones al definir con detalle los supuestos delitos cometidos en varias operaciones urbanísticas en Santa Coloma y las personas que participaron en ellas. Por el contrario, el informe policial se inclina por descartar la existencia de irregularidades en L'Hospitalet de Llobregat, donde la Guardia Civil investigaba la compra-venta de dos edificios en la plaza de Europa. Aunque en esta operación participaron varios protagonistas del caso Pretoria, con pagos de comisiones incluidos, la investigación policial concluye que la operación fue un negocio entre privados sin intervención ilícita de funcionarios o cargos públicos. Los siguientes son los episodios sobre los que la Guardia Civil ha puesto el foco.
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- Más sobre la Operación Pallaresa. Fue el primer pelotazo de la trama y la génesis de todo lo que iba a desarrollarse en el caso Pretoria. El Ayuntamiento de Santa Coloma aprobó el 26 de julio de 2004 un cambio de usos que multiplicaba por cuatro (de 4.240 metros cuadrados a 17.000) la superficie construida destinada a viviendas en el proyecto Cubics. Las plusvalías generadas (18,6 millones de euros) y las cargas urbanísticas previstas (5,7 millones) dejaron un enorme beneficio de 12,9 millones de euros que los cargos públicos y funcionarios permitieron que se embolsara la empresa promotora.
La Guardia Civil detalla las personas que participaron en el negocio y que intervinieron en los trámitres administrativos, quienes "eran conocedores del importe de las plusvalías que generaban como consecuencia de la modificación" aprobada. Varios de estos responsables públicos ya se encuentran imputados: el socialista Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma cuando ocurrieron los hechos; Manuel Dobarco, teniente de alcalde; Pascual Vela, director de Servicios; Lluís Falcón, jefe de Proyectos de la Alcaldía, y Emili Mas, entonces gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès. La Guardia Civil detalla ahora su implicación y pone de manifiesto la responsabilidad de otras "personas que han tenido participación en el proyecto" hasta implicar en la Operación Pallaresa a prácticamente todas les personas que desde el Ayuntamiento participaron en la recalificación.
- El secretario municipal. Javier Ezquiaga dio cobertura a todos los trámites de la Operación Pallaresa y la Guardia Civil lo pone en el centro de varias irregularidades cometidas en Santa Coloma. "El documento que se lleva a aprobación [del pleno] incorpora la valoración de las plusvalías y está diligenciado página a página por el secretario, Javier Ezquiaga", asegura el informe, "evidenciando de esta forma que el Ayuntamiento y el secretario municipal conocían el incremento del valor" del que no se iba a beneficiar el Ayuntamiento, sino el promotor del proyecto.
Imanol Pujana, actual gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès y entonces director de Proyectos de la Alcaldía de Santa Coloma, es la segunda persona en la que la Guardia Civil pone el foco. Él "informó favorablemente de las plusvalías" pese a que estas "suponían un beneficio directo para la empresa promotora de 12,9 millones de euros".La Guardia Civil recuerda en su informe final que Pujana mantuvo en 2009, ya en su puesto de gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, varias reuniones y conversaciones con el cerebro de la trama, Luis Andrés García, Luigi, para amañar supuestamente el concurso de un tanatorio en Sant Adrià de Besòs (véase EL PAÍS del pasado 28 de mayo). En una de estas charlas, intervenidas por la Guardia Civil, Luigi y Pujana hablaron del cobro de comisiones: "Primero hace falta saber quién da todo y después cómo repartimos", inquirió Pujana a Luigi. El supuesto amaño del tanatorio se truncó porque otras empresas que pujaron por la adjudicación la impugnaron. Sin embargo, las diligencias dejan claro que, pese a que falló el negocio, se realizaron "los actos necesarios para la adjudicación del concurso" a las personas implicadas.
El tercer responsable municipal al que la Guardia Civil relaciona con el caso es Enric Camps, "economista, funcionario de la Diputación de Barcelona e interventor municipal durante la modificación", según el informe. En sus declaraciones como testigos ante el juez, Camps y Ezquiaga aseguraron que la modificación adoptada en el pleno "fue la menos gravosa para el Ayuntamiento", recoge el informe de la Guardia Civil. Los investigadores, sin embargo, destacan que "la verdadera realidad" es que "esta posición coincide plenamente con los mejores intereses de Luis Andres García".
- El financiador. La Guardia Civil también sitúa entre "las personas que han tenido participación en el desarrollo de este proyecto", la Operación Pallaresa, al empresario Eugenio Mora, quien no se halla imputado pese a ser la persona que más dinero ha ganado con la trama Pretoria (13 millones de euros, véase EL PAÍS del pasado 7 de junio). Su abogado, Cristóbal Martell, precisa que Mora fue "un mero inversor" sin relación alguna con las recalificaciones investigadas. El informe de la Guardia Civil recuerda, sin embargo, que Mora pagó a Luigi 605.000 euros en una cuenta en Suiza tras la Operación Pallaresa.
- Pelotazo sobre pelotazo. Si Luigi fue el cerebro que puso en marcha la Operación Pallaresa y Mora su financiador y principal beneficiario, la empresa Prosavi marcó el punto final del pelotazo al comprar en noviembre de 2005 a Ard-Choille (propiedad de Mora) el proyecto Cubics por 28 millones de euros. Las investigaciones, sin embargo, han puesto de manifiesto que cuando la Guardia Civil destapó el caso Pretoria con su entrada en el Ayuntamiento de Santa Coloma, un segundo pelotazo sobre el mismo proyecto ya estaba en marcha. "De nuevo, y a pesar de las plusvalías de 18 millones generadas a favor del promotor en la modificación de 2004, el secretario Javier Ezquiaga emite un informe favorable a un nuevo cambio de planteamiento", relatan los investigadores. El beneficiario de este cambio sería la empresa Prosavi, cuyo administrador, Enrique Viñas, se encuentra imputado en la causa.
- El proyecto Olimpo. El descontrol administrativo en la empresa pública Gramepark llegó a tales extremos que en el proyecto Olimpo se puso en marcha la construcción y el traslado de los servicios territoriales del municipio sin haber convocado un concurso público ni tener muy claro cuánto costaría todo ello. Todas las alarmas saltaron cuando "por parte de la intervención municipal y de forma indirecta se descubre la magnitud del proyecto ejecutado (11 millones de euros) y sobre todo la falta absoluta de acuerdo o encargo por parte del Ayuntamiento".
Cuando algunos técnicos quieren alertar al alcalde, "el secretario municipal, Javier Ezquiaga, defiende la conveniencia de no denunciar los hechos y resta importancia a lo ocurrido", señala el informe de la Guardia Civil. El Ayuntamiento encargó en noviembre de 2008 un informe jurídico al catedrático Joaquim Tornos Mas, con resultados demoledores: "Concluye que no se han respetado los principios de publicidad y [libre] concurrencia" y que "se pueden derivar responsabilidades de tipo mercantil, administrativo y penal" para las personas responsables de Gramepark.
Manuel Sierra, máximo responsable de Gramepark en esa etapa, no se encuentra imputado en la causa abierta por la Audiencia Nacional, aunque su papel en la trama ya se vio cuestionado tras ser destituido por la Oficina Antifraude al observar iregularidades en la gestión y por su actitud de entorpecer las investigaciones. La Guardia Civil sitúa ahora a Sierra en el centro de las irregularidades de la empresa pública y también vincula a ellas al director financiero, Pere Massenet.
- Mercado de Fondo. El pleno municipal de Santa Coloma aprobó el pasado 26 de octubre (un día antes de los registros de la Guardia Civil) la adjudicación por 9,8 millones de euros de la construcción del mercado de Fondo. Según revelan las pesquisas, Luigi intervino exhaustivamente en todo el proceso de adjudicación hasta el punto de ser él mismo quien diseñó la UTE ganadora, formada por las empresas Ánfora y CRC. En Ánfora trabaja Antonio Jiménez, también imputado en el caso por su actuación como concejal socialista en Sant Andreu de Llavaneres. En CRC, Jordi Mensa, también maniobró con Luigi para hacerse con la construcción del nuevo polideportivo de la UE Horta, caso que ahora investiga el Ayuntamiento de Barcelona (véase EL PAÍS del pasado 9 de junio)”.
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