Rafael del Barco Carreras
Barcelona 20-11-10. No se trata de investigar que mecanismos fallaron en la Generalitat, !qué también!, se trata de investigar quienes dentro de la Caixa de Cataluña estafaban a su propia entidad valorando las concesiones hipotecarias. Competencia de lleno de la Policía (Mossos), Fiscalía... y la Justicia... NO del Defensor del Pueblo.
El tema es clarísimo, durante años y cientos de operaciones (miles en toda Cataluña), sobre unos pisos VPO (en la franquista Ciutat Badía todos lo eran, además de pequeños y mal construidos) que máximo y reflejadas sus condiciones y valoración en las escrituras valían legalmente no más de 15.000 euros, se hipotecan por 180.000 o 200.000 euros. ¿Cómo se repartía el dinero?
El artículo de ayer en EL PAÍS de nuevo cita el “precio de mercado” en el “boom inmobiliario”. !Del cinismo al cretinismo! Los precios de mercado eran una ficción, y el boom inmobiliario también. Jamás existió, siempre superó la oferta a la posible y real demanda. Lo que si existió fue una desenfrenada carrera para la creación de hipotecas (con comisiones a directores de caixas y agencias inmobiliarias) convertidas en dinero barato en los mercados internacionales. Y vuelta a invertirse (una parte) para más construcción de invendibles pero en teoría carísimos pisos. Hasta que se acabó el dinero internacional. Boom de dinero barato tirado por la ventana o convertido en negro para los bolsillos de politicos-financieros-inmobiliarios. El estatismo español conducido y revuelto con códigos y leyes “de mercado” produce estos pastiches y sopa de letras.
-No te preocupes paisa... te concedemos una hipoteca y tienes piso... a tí y a quien nos traigas.
-Yo no tener nómina...
-Te haré una... y papelas si hace falta.
Las variantes a esta proposición son infinitas como tantas veces he repetido. Ahora lo que se ha de investigar no es que si Adigsa (empresa de la Generalitat) vigiló esas compraventas que se anunciaban (y aun se anuncian) en los escaparates de las agencias, sino el destino de los 30 millones de pesetas que parece lógico no se regalaran al propietario del piso sabiendo que solo debía cobrar máximo 4.500.000 de pesetas, o !nada!, según las variantes de las viviendas VPO.
EL PAÍS 17-11-10; La alcaldesa Eva Menor se explaya ante 80 familias amenazadas de desahucio por hipotecas de 180.000 euros, y declara “la denuncia ante la fiscalía puede tener consecuencias impredecibles”.
EL PAÍS 18-11-10: Carme Trilla, secretaria de Vivienda de la Generalitat, “en toda Cataluña hubo venta ilegal de pisos sociales”.
EL PAÍS 19-11-10; El Síndic investigará el fraude de los pisos sociales en Badía.
Los sabios de la Generalitat, CatalunyaCaixa, Adigsa, APIs, y algún notario y registrador de la propiedad, han dado con la solución. Además de una oficina donde se atienda a los posibles perjudicados y que CatalunyaCaixa les “alquile” las viviendas de las que les iban a deshauciar (con antes una rocambolesca “dación” del propietario hipotecado), el SINDIC DE GREUGES, un suculento cargo elegido y mantenido por quienes debe investigar, investigará... !todo menos FISCALÍA!, donde los desahuciados o firmantes de hipotecas hablarían demasiado. Y aunque Fiscalía también se deba al Ejecutivo, los sumarios se hacen públicos o pueden acabar en engorrosos juicios !DENTRO DE DIEZ AÑOS! cuando quizá y por suerte para Cataluña y la Justicia no gobiernen ni CIU ni PSC, con quienes se desarrolló la gran estafa. !No caerá esa breva!
Imagino a los políticos metidos en campaña electoral elucubrando para que el tema no se desborde. Esos pisos fueron casi regalados ya hace 40 años. En la actualidad no es una okupación al estilo okupas, lo es al estilo “fraude a las caixas desde dentro”... en esa oficina (OFIDEUTE !el nombre otra genialidad!) de reclamaciones contenemos a los perjudicados amenazando con posibles delitos a vendedor y comprador... y pues tenemos dinero de sobra con la emisión de los “bonos patrióticos”... que pague CatalunyaCaixa... y después transferimos al Estado, de donde salieron, esos pisos por el valor de las hipotecas, y negocio redondo para Cataluña... y que investigue el Defensor del Pueblo, el inefable Rafael Ribó !SÍNDIC DE GREUGES!
Por el momento la Tele ni palabra... el problema y fraude no existe.
EL PAIS
“El Síndic investigará el fraude de los pisos sociales en Badía
El Síndic recuerda que el acceso a la vivienda es un "derecho constitucional"
LL. P. - Barcelona - 19/11/2010
El Síndic de Greuges investigará a la Administración por las ventas irregulares de pisos protegidos que se dieron en toda Cataluña, especialmente en Badia del Vallès, durante los años del boom inmobiliario. A pesar de que estas compraventas se producían entre particulares, el síndic, Rafael Ribó, consideró ayer que las transacciones evidencian la una "falta de coordinación y control" por parte de la Administración competente, que en este caso es la Generalitat.
El organismo aprecia falta de información cuando se firmaron las hipotecas en Badia
Precisamente, la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explicó en una entrevista a EL PAÍS que hasta 2008, cuando entró en vigor la ley de vivienda, Cataluña carecía de mecanismos para controlar "de forma sistemática" las compraventas de viviendas de protección oficial.
Las transacciones irregulares de pisos protegidos han salido a la luz en Badia del Vallès por las particularidades de la localidad. La ciudad es una de las que más sufren los estragos del paro, lo cual ha supuesto que muchos ciudadanos, de momento unas 80 familias, no puedan afrontar sus hipotecas. Esas dificultades, que los dejaron al borde del desahucio, se produjeron porque habían comprado su vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general -la más barata de todas las figuras de VPO- a un precio que incluso multiplicaba por 15 el valor tasado del piso. Y eso se dio, y ahí está la segunda singularidad, en un municipio en el que el 99,9% de las casas son sociales.
El Síndic de Greuges consideró que "situaciones como la de Badia del Vallès" han puesto de manifiesto "una falta de coordinación y de control" en las transacciones de viviendas públicas por parte de la Administración. Además, destapan casos en los que el ciudadano, cuando se dirige a su entidad financiera para contratar un crédito hipotecario, "puede no disponer de una información clara y comprensible".
El síndic, Rafael Ribó, coincidió con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, en el diagnóstico: "buena parte" de este problema es de "carácter privado", entre las entidades financieras que otorgaron esos créditos y las personas que los pidieron. Sin embargo, Ribó aseguró en un comunicado que, puesto que el acceso a la vivienda se trata de un "derecho constitucional y estatutario", estudiará las medidas que ha adoptado la Administración para controlar estas transacciones a partir de ahora, ya que la ley establece que, mientras una vivienda esté protegida, no puede venderse a precio libre, sino solo por el valor tasado.
El Síndic se dirigirá ahora al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para pedir información sobre estas medidas. Según el comunicado, la intervención del Síndic se encaminará también a estudiar "propuestas de mejora" de la coordinación de los agentes implicados -Administración, entidades financieras, notarios, registradores y particulares- en las transmisiones de viviendas y fijar los mecanismos para evitar que se vulnere la normativa.
En la nota, el Síndic de Greuges también muestra preocupación por los desahucios que son fruto de la crisis y de las cargas hipotecarias, lo que es "especialmente grave" para quienes no pueden cubrirlas y se quedan en situación de exclusión social. Según Trilla, la Generalitat no ha podido cerrar un acuerdo con todas las entidades financieras que operan en Cataluña para que realicen daciones en pago con quienes no puedan pagar la hipoteca, es decir, ejecutar el crédito y quedarse el piso, pero no echar a su ocupante, que pasaría a pagar un alquiler a la entidad. Aun así, la Generalitat ha puesto en marcha la oficina Ofideute, que trata de mediar entre personas que podrían quedarse sin casas y bancos y cajas.”
1 comentario:
Exposición ante La Fiscalía General de Cataluña, de los Convenios firmados, tanto por parte del Ayuntamiento de Badia del Valles, como el convenio firmado con Caixa Cataluña y la Secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, por entender desde esta Asociación de Vecinos Afectados, que en dichos convenios no se tiene en cuenta la totalidad Legal y Jurídica en materia de viviendas de protección oficial, promoción publica y categoría subvencionada, según el decreto 2114/1968 de 24 de julio.
Aportamos los documentos enumerados en el inicio de este dosier, escaneados y siendo documentos originales, para su posible averiguación en materia de posible delito y valoración según competencias de la Fiscalía correspondiente según el Estatuto de La Fiscalía.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, entendemos que el citado convenio firmado entre la secretaria de vivienda de la Generalidad y La Caixa Cataluña no se ajustan a la legalidad vigente en materia de Vivienda de Protección Oficial categoría Subvencionada, como asi son Calificadas en la Cedula de Calificación definitiva de 6 de febrero de 1976, (aportamos dicha Cedula de Calificación Definitiva ).
Creemos que dichas entidades financieras han violado presuntamente el articulo 112 del real decreto aun a sabiendas de su existencia al darle una valoración muy superior de la establecida por Ley, e intentar encubrirla en buena parte a través de créditos adicionales al valor real de las viviendas trasferidas a sus nuevos propietarios, sin dejar de resaltar el dudoso texto del párrafo segundo de los pactos de Adigsa-Caixa Cataluña, en la que la Caixa Cataluña percibiría “La Dacion en pago o trasmisión solutoria de la vivienda principal. Cuestión a nuestro entender y según decreto totalmente ilegal.
Entendemos también que presuntamente se han violado los derechos establecidos en el plan para el derecho a la vivienda 2009-2012, por omisión e incumplimiento de los mismos por el ayuntamiento de Badia del Valles.
Como presuntamente entendemos que ha habido blanqueo de dinero y estafa a la hacienda Publica.
Consideramos que también deberían someterse a estudio las posibles implicaciones en cuanto a defraudación a la Hacienda Publica se refiere, sobre la sobrevaloración de dichas viviendas, entendiendo que los implicados han cometido un presunto delito fiscal.
HEMOS DE RESALTAR QUE ESISTE UN PRESUNTO DELITO FISCAL POR OCULTAR LAS CANTIDADES RESULTANTES DE LA SOBREVALORACION DE LAS VIVIENDAS, VIOLANDOSE LOS ARTICULOS 148 Y 112, ENTRE OTROS, DEL DECRETO 2114/1968 DE 24 DE JULIO.
Aportamos fotocopias de los pactos, asi como de tres Edictos de fechas 8 de febrero de 2006, 15 de junio de 2005 y 6 de junio de 2005, como resolución de expedientes sancionadores.
Esperando de Ustedes y en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice en su :
Artículo 1.
El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público
tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por
la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del
interés social.
Les Saluda Atentamente.
Asociacion de Vecinos Afectados por el estado de los Pisos y Bloques Estrella de Badia del Valles.
La Junta.
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