Rafael del Barco Carreras
Barcelona 30-05-2012. En la hipócrita Cataluña, entre
macarras, meapilas convergentes y progresistas liberadores o liberadoras, el
ejercicio de la profesión más vieja del mundo ya casi debería haberse
erradicado. Pero es tan floreciente y con perspectiva de más “empleo” en los
macrohoteles puticlubs-casino de la Eurovegas, que solo se me ocurre que las
multas y registros no tienen otro objetivo que la recaudación… o algo peor.
Imaginarse ese fichero en manos de los policías y
funcionarios de la Operación Pitiusa (venta de datos y chantajes) o los del
Caso Macedonia (que junto a los inculpados por robo de cocaina en el Puerto de Barcelona continúan en libertad y ejercicio) donde un caco tenía acceso a la red policial… pone los pelos de
punta. Chantaje a domicilio… en la propia puerta de la vivienda… “o euros o
alzo la voz”.
Algo parecido a los tiempos cuando la homosexualidad estaba
penada… y se chantajeaba con la denuncia o simple amenaza de llamar a un
guardia, atribuyéndole a la víctima observar en los lavabos públicos.
Si hace dos meses me mandaron una pareja donde nunca residí
dejando constancia de “buscado por la policía”, cuando si hubieran acudido al
domicilio reflejado en el DNI y padrón me hubieran encontrado, me figuro al
pobre putero señalado… y amenazado. Si en mi caso se inventan una inculpación de
XENOFOBIA… ese fichero por putero puede romper y acabar con cualquier ciudadano sea o no
aficionado a las meretrices.
La desvergüenza de añadir que el fichero estará sujeto a la
Ley de Protección de Datos y a la Autoridad Catalana de Protección de Datos… me
provoca, desde el agrio surco en la cara del escéptico total, a la sonrisa de
quien acaba de leer un largo y simpático pero macabro chiste.
Ese Felip Puig… me está resultando otro genio con sus webs
y registros… ¡un verdadero estadista!
Y DESDE VALENCIA...
Cercle
Obert de Benicalap le recuerda al Gobierno de Catalunya y a las
autoridades judiciales que están conculcando todo el ordenamiento
jurídico al promover la delación y detener arbitrariamente a ciudadanos,
actuaciones propias de dictaduras.
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Entitat inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana, amb el número 10.047 de la Secció Primera del Registre Provincial de València
Entitat inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana, amb el número 10.047 de la Secció Primera del Registre Provincial de València
El
Conseller Puig, es decir, el Gobierno de Catalunya, ha tomado una
iniciativa preocupante por su abierto contenido antidemocrático. Con el
pretexto de la lucha contra lo que denomina “violencia urbana” ha
decidido perseguir como si fueran delincuentes a personas inocentes. Lo
está haciendo a través de una página web del Departamento de Interior en
el que solicita la “colaboración ciudadana” para la identificación de
68 personas cuyas fotografías figuran en dicha página web. Es una
evidencia que sobre dichas personas, identificados o no, no hay abierto
ningún procedimiento judicial penal y, por tanto, no pesa sobre ellas
ningún mandamiento judicial de busca y captura. El primer problema que
plantea esta forma completamente atípica e irregular de luchar contra la
supuesta delincuencia es recurrir a la reproducción pública de
fotografías de personas de las que la Policía de la Generalitat dice
disponer de “elementos de incriminación por su participación en actos
delictivos o vandálicos”. Resulta sorprendente que pueda hablarse tan
ligeramente nada menos que de “incriminación” de ciertas personas por
unos supuestos actos denominados “vandálicos” que no están incluidos en
el Código Penal y por tanto carecen absolutamente de relevancia en una
investigación policial, puesto que es obvio que cualquier policía solo
puede investigar hechos calificados como delitos o faltas en dicho
Código.
Para
ello, dicha Policía solicita la colaboración ciudadana para “la
identificación” de dichas personas como forma, dice, de implicar a la
ciudadanía en la lucha “para erradicar los episodios de violencia
urbana”.
Resulta
evidente, que dicha página web es una llamada a la delación organizada e
incitada por una Policía que, además de ser gravemente ineficaz en el
cumplimiento de sus funciones, se muestra una vez más por encima de las
leyes. Y, desde luego, por encima de los principios éticos exigidos por
todas las Declaraciones Internacionales sobre el comportamiento de las
Policías democráticas.
Es
significativo el paralelismo de esa página web con el Decreto
franquista de 2 de septiembre de 1941 “sobre la regulación de
presentación de denuncias” que, decía entonces el dictador –que era
quien firmaba el Decreto-, que tenía como finalidad que las denuncias no
se basaran “en estímulos personales de tipo vindicativo sino en móviles
de justicia y de exaltación patriótica”. Ahora, la lucha contra la
violencia urbana ha sustituido al móvil patriótico de entonces o quizás
se confundan. Es lo cierto que en dicho Decreto las denuncias, con ser
un régimen totalitario, estaban sometidas a mayores garantías que la
solicitud de colaboración ciudadana que ahora se solicita. Entre otros
extremos se exigía que el denunciante presentara “dos testigos de
conocimiento” y acreditara “la verosimilitud de los hechos denunciados”.
Nada de esto se exige ahora, es más, se garantiza a los ciudadanos que
colaboren en la identificación de las personas fotografiadas “la plena
confidencialidad de su identidad”, promesa absolutamente irrelevante,
porque para el caso de que se iniciara un proceso penal contra
cualquiera de esas personas por supuestos hechos delictivos los
denunciantes tendrán que ser identificados. Por otra parte, el
ciudadano, ante la comisión de cualquier clase de delitos, solo tiene
una obligación, la que desde siempre ha establecido el artículo 259 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “El que presenciare la perpetración
de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en
conocimiento del juez de instrucción…” o de otras autoridades judiciales
o, en su caso, de la policía. Fuera de esta obligación legal, los
ciudadanos no pueden ni deben bajo ningún concepto sustituir lo que es
una función exclusiva de la Policía judicial que es la que tiene la
obligación de “descubrir” a los delincuentes” y otras tareas
relacionadas con la comprobación del delito.
Por
otra parte, resulta sorprendente que a estas alturas del proceso
democrático se pueda exponer públicamente la fotografía de cualquier
persona porque, sencillamente, lo prohíbe la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo de Protección Civil del derecho a la Propia Imagen. En ella se
considera una “intromisión ilegítima” en ese ámbito personal, protegido
constitucionalmente, “la captación, reproducción o publicación por
fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento de la imagen de una
persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo
los casos previstos en el artículo octavo, dos”, excepciones que en
modo alguno concurren en este caso. Es consecuente, pues, plantear que
la citada página web quebranta abiertamente una Ley que garantiza y
protege derechos fundamentales.
Concluyendo,
la citada página web expresa una concepción autoritaria y franquista
del orden público donde ya parecen no regir las leyes y la ética. Por
ello, la respuesta serena y democrática de la ciudadanía debe ser, como
expresión de un acto colectivo de desobediencia civil, el rechazo de
cualquier forma de colaboración con la Policía de la Generalitat en la
identificación de las personas tan injustamente tratadas y expuestas a
la afrenta pública. En definitiva, estamos volviendo, como en el pasado,
a la defensa de los derechos civiles.
Por
todo ello, nuestra entidad Cercle Obert exige la puesta en libertad y
sin cargos, de todos los detenidos arbitraria e ilegalmente por la
Policía autonómica de Cataluña, así como la supresión de la web
destinada a promover la delación, pues son actuaciones al margen del
ordenamiento jurídico.
Valencia, a 30 de mayo de 2012
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Fdo: Antonio Marín Segovia
Secretario-Portavoz
Secretario-Portavoz
