Barcelona 6-9-2018. Una vez más me sorprende que en Madrid, desde los altos cargos del Estado hasta simples tertulianos, se manifiesten sorprendidos por las expresiones y 'doble lenguaje' de Quim Torra en su discurso en el Teatro Nacional de Cataluña, ratificadas y ampliadas desde Waterloo reunidos Quim y Puigdemont, pero afirmando que no delinque puesto que esas expresiones no son secundadas por 'hechos', como por ejemplo una Declaración Unilateral de Independencia. Forman parte dicen de su 'libertad de expresión', de su derecho a sentirse secesionista, hasta la barbaridad de 'abrir las prisiones'. Pero cualquier lego en Derecho se pregunta:
¿Ayudar y encubrir a un fugitivo de la Justicia no es un delito? y ¡con el agravante de cargo público!
Sentencia del Tribunal Supremo: "Por tanto, basta con que el agente tenga indicios de que la actividad que se desarrolla ante él y en la que no interviene, debiendo hacerlo, es indiciariamente delictiva, sin que sea necesaria la certeza de que aquella actividad es un delito con todos sus elementos jurídicos (STS 330/2006, 10 de marzo, 1273/2009 de 17 diciembre). Por ello, el tipo subjetivo se integra con dos componentes: el conocimiento de la existencia de una acción presuntamente delictiva, sea cual fuera la forma en que esa noticia se recibe, y la intencionalidad como configuración específica del dolo (STS 17/2005 de 3.2).”"
Que en Waterloo se comete mínimo el delito de malversación por cuanto hace ya casi un año se mantiene la ficción de una imaginaria República de Cataluña pagada desde Barcelona o Suiza, y el de encubrimiento por parte de quienes ayudan a los fugitivos, parece obvio. Amén de enaltecimiento o apología del delito, con además la total colaboración de un ente público como TV3, o la sola citación defendiendo a los Comites de Defensa de la República CDR y la posibilidad de 'organizar huelgas de país' colapsando repito ciudades, autopistas y trenes.
Pero también cualquier lego en Derecho amplía esas presunciones con que la Generalitat y su Presidencia o Govern no colaboran con la Justicia, en este caso el Tribunal Supremo que califica los hechos del 1-OCT de gravísimos delitos de 'malversación, rebelión, sedición y desobediencia'. Presumo deberían aportar pruebas del pago de gastos, no ya solo para minucias del ilegal referéndum, sino durante los varios 'procés' hasta la desobediencia consciente transgrediendo las directas abvertencias del Constitucional.
¿Volcarse en una continua propaganda partidista con dinero o nóminas públicas no es en si mismo un continuado delito de 'malversación', repito como lo entendió Francia condenando al ex presidente Chirac?
¿Cabe ampararse en un hipotético 'mandato democrático', o siquiera en la 'libertad de expresión', para cometer impunemente delitos?
Siempre recuerdo que entre los atracadores, o delincuentes comunes, de la 'transición' se puso de moda achacar los delitos a 'intencionalidad política', o financiación de partidos y grupúsculos, con lo que muchos alcanzaron varios indultos 'generales' y particulares. Tal parece que nuestros políticos independentistas se han autoconvencido que su 'intencionalidad política' los sitúa en la impunidad, al igual que durante 40 años a su maestro y creador Pujol. Y lo peor que desde Madrid para no entrar en charcos les siguen el juego.
Antes insisto para la 'gobernabilidad', y ahora por hacer el avestruz y también por 'gobernabilidad, el 52% de los catalanes y el Código Penal más la Constitución, el Constitucional y el Supremo, simplemente ¡¡¡no existimos!!!
2006
BARCELONA 30 ANOS DE CORRUPCION.pdf - Google Drive
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