El martes 7-04-2010 deben ingresar, ¿¿??, 500.000 € el Luigi, y 3.000.000 Matas.
Que el caso Pretoria, y ampliando, todos los casos de “recalificaciones” son un calco en Barcelona o Mallorca es tan obvio que no merece argumentos. Pero en Mallorca a diferencia de Barcelona están procesados cinco de los presidentes de la Comunidad, quien realmente “recalificaba”. Porque ya se sabe, el Presidente es quien nombra a dedo a quienes como órgano colegiado, el Comité Ejecutivo o Pleno Municipal, del que tiene mayoría, firmarán por la obediencia de voto y “sueldo debido” lo que la Presidencia de la Comunidad o Alcalde les ponga delante. Disciplina de Partido. Al igual sucede con un polideportivo, su presupuesto y el pliego que decidirá quien construye.
Eso es así, menos en Cataluña, donde se recalifica y se “presupuesta y ejecuta” a destajo y el “cerebro” (que se pasa en la cárcel CINCO MESES) es un ex diputado por el PSOE, y que hasta recibe comisiones de PROCAM, Caixa de Catalunya, la caja y financiera de la Diputación, el meollo del Poder Absoluto del PSC, y si se reparten ese Poder con el de CIU (como demuestra este caso) más Absoluto.
Pero los dos casos, tan iguales y distintos por donde se desarrollan, convergen, una vez descubiertos y denunciados en la Justicia, sumándose a otro escándalo NACIONAL… la propia Administración de Justicia… y en este caso quien dicta esa fianza de 500.000 € es a la vez un juez investigado y procesado por corrupción, el multimillonario Baltasar Garzón.
Pero si al igual que en tanto escándalo, donde el último oscurece y hace olvidar el anterior, de inmediato los dos se perderán entre años de “instrucción y desinstrucción” judicial, no quiero olvidarme de NARCÍS SERRA (mi acusador) que en cuando a su muy conocido “el bigotis” dijo:
“Caixa de Cataluña auditará a su inmobiliaria Procam por su relación con el Caso Pretoria”, y yo añadí en noviembre pasado… el mismo Narcís Serra se auditará para ponerse una denuncia…
Pasados casi seis meses nadie sabe el resultado de esa AUDITORIA que apuesto ni si ha iniciado ni se iniciará. 1.500.000 € paga PROCAM y no se decreta prisión por ese pago… ¿Será otra corrupción del Juez Garzón, aunque sea por connivencia política con Narcís Serra de cuando los dos formaban parte del Gobierno de Felipe González?
Otro de mis escritos de hace seis meses cuando estalló el caso Pretoria:
Si leyendo entre líneas las declaraciones del Director General Adjunto de LA CAIXA, Juan Antonio Alcaraz (que debería multiplicar por 10 las 112.000 viviendas vacías recién construidas) confirmamos el alcance de LA GRAN BURBUJA, o sea, a quien se deben esas hipotecas concedidas tras las RECALIFICACIONES FRAUDULENTAS, y por tanto donde se halla el vértice de TODA CORRUPCIÓN (si no hay dinero no se materializa), por otra, en cuanto a CAIXA DE CATALUÑA (la de NARCÍS SERRA) descubrimos conexiones menos teóricas, reales. ESPAIS, INMOBILIARIA ASOCIADA, con presidente Luis Casamitjana detenido, y director general, Rafael González Tormo, antiguo gerente de la sociedad municipal 22@Barcelona, y a través de INVERCARTERA, sociedad de CAIXA DE CATALUÑA, en WEBLINE INVEST, que preside MACIÁ ALAVEDRA, y con otro miembro célebre (los hay más) en el Consejo, FÉLIX MILLET…
Y para refrescar la memoria, un par de artículos de prensa de entonces en www.lagrancorrupcion.blogspot.com
Garzón investiga más ayuntamientos catalanes donde pudo trabajar la trama corrupta
Operación Pretoria, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, Luigi, Garzón, Arenys de Mar, Sabadell, Incasol, Emili Mas
@Antonio Fernández. Barcelona.- 05/11/2009 06:00h
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El juez Baltasar Garzón a la salida de la Audiencia Nacional (Efe).
Las sospechas de la trama de intereses descubierta en las investigaciones de la Operación Pretoria se extienden como mancha de aceite, especialmente en movimientos relacionados con algunas de las empresas implicadas o con algunos de los intermediarios detenidos.
Las investigaciones que dirige Baltasar Garzón han permitido, hasta el momento, la detención de nueve personas, de las que cinco están en prisión sin fianza: se trata de los dos ex altos cargos de Convergència i Unió (CiU) Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, el ex diputado del PSC Luis García Sáez, Luigi, el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el ex concejal de Urbanismo de este ayuntamiento, Manuel Dobarco. El jefe de servicio de Santa Coloma, Pascual Vela, está en liberta bajo fianza de 25.000 euros, mientras que los presidentes de Proinosa y de Espais, Josep Singla y Lluís Casamitjana, respectivamente, salieron en libertad bajo fianza de 500.000 euros; el consejero delegado de Limasa Mediterránea Manuel Carrillo también logró la libertad bajo fianza de 100.000 euros.
En Arenys de Mar también existen sombras de sospecha, ya que Luigi, el presunto cerebro de la trama de influencias, proyectó la construcción de dos edificios en esta localidad. La luz verde para estas construcciones se dio en el año 2006, en los huertos de la Congregación Hijas del Corazón de María, que necesitaban ampliar su residencia. En realidad, los terrenos eran urbanizables desde el año 1984, pero en el 2006 el Ayuntamiento hizo un nuevo plan general para permitir la construcción de 22 pisos. La empresa encargada de hacerlo era la constructora Edisan, que pasó bajo la órbita de Niesma Corporación, controlada por Luis García. Tras la quiebra, Luigi cedió las obras a FCC.
Curiosamente, en el año 2006 el jefe de planificación urbanística de Arenys era Genís Carbó, quien había sido alto cargo de CiU en el Gobierno de la Generalitat entre 1996 y 2004, cuando llegó el Tripartito. Carbó ocupaba el cargo de jefe de Planificación Territorial del departamento de Política Territorial y Obras Públicas, que estaba dirigido por Felip Puig, el actual número 2 de Convergència. Según el auto de Baltasar Garzón, la empresa GCB Assessorament Urbanístic i Projectes, de la que es socio Genís Carbó, cobró 244.011 euros de Niesma el 13 de octubre del 2005. Según el ex alto cargo del Gobierno, este dinero fue ingresado en su empresa por ser los “honorarios profesionales” del trabajo de asesoramiento realizado en una operación en Sant Andreu de Llavaneres, uno de los ayuntamientos donde más había trabajado la trama vinculada a la Operación Pretoria. La operación en cuestión consistió en que Luis García había comprado unos terrenos en el 2003, por los que pagó 3,2 millones. En el 2004, adquirió otros adyacentes por 1,5 millones y en marzo del 2005 los vendió en su conjunto por 9,7 millones, con unas ganancias de 4 millones de euros.
Aunque en el caso de Arenys de Mar no ha existido un pelotazo similar ni intervención del Ayuntamiento, la Audiencia había solicitado los documentos relacionados con la nueva operación descubierta. El Ayuntamiento envió ya toda la documentación a los investigadores.
La operación de Proinosa en Sabadell
Las irregularidades en una operación realizada por Proinosa en Sabadell ya había sido detectada por la Sindicatura de Cuentas en el año 2006. El 28 de diciembre de aquel año, el Boletín Oficial del Parlamento catalán recogía el informe y señalaba que “se investiga la construcción de 69 viviendas y 80 aparcamientos en la avenida de Esatrasburg, de Camp Llong, en Sabadell”. El importe de las obras, adjudicadas el 20 de mayo del 2005, era de 4.662.617,53 euros, pero acabaron costando 5.126.175,73 euros. La desviación, por tanto, era de 463.558,20 euros, lo que representa el 9,9% del presupuesto.
Según los investigadores, a pesar de que la empresa adujo que la ley prevé que se puede cargar hasta un 10% más de lo presupuestado, en este caso no existe “oportuna justificación”. El texto añade que “se ha comprobado que en el expediente no se adjunta la aprobación de las modificaciones realizadas en el presupuesto y que la citada desviación no corresponde a una variación de las unidades ejecutadas”.
Sombras sobre el gerente del Instituto Catalán del Suelo
Por su parte, el portavoz adjunto de CiU en el Parlamento catalán, Josep Maria Pelegrí, pidió ayer la comparecencia de Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasol), que aparece en conversaciones telefónicas con los responsables del Ayuntamiento de Santa Coloma implicados en la trama. El auto de Garzón lanza sospechas sobre su conocimiento o su ignorancia en referencia a la confección de facturas falsas por parte de la empresa municipal Gramepark para desviar fondos europeos, tal y como publicó este diario el pasado domingo (ver noticia: http://www.elconfidencial.com/espana/empresas-vinculadas-director-seguridad-generalitat-recibieron-20091101.html).
Pelegrí presentó una batería de preguntas al Gobierno para conocer el grado de implicación de Mas en este tema. El dirigente convergente también reclama copia de los convenios, escritos y resoluciones “que hayan podido existir entre el Incasol y el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet entre los años 2004 y noviembre de 2009”.
La portavoz del Partito Popular (PP), Dolors Montserrat, por su parte, pidió no sólo la comparecencia del gerente del Incasol, sino también la del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, para aclarar las dudas que ha levantado el auto de Garzón.
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Caixa Catalunya encarga una auditoría para revisar todos sus proyectos con la inmobiliaria de Casamitjana
Analizará la participación de Procam, la inmobiliaria de la entidad, en el "pelotazo" de Badalona que investiga el juez Garzón
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04/11/2009 | Actualizada a las 15:23h | Economía
Barcelona. (EFE).- Caixa Catalunya ha encargado una auditoría para revisar todos sus proyectos conjuntos con la inmobiliaria Espais, presidida por el imputado en la 'operación pretoria' Luis Casamitjana, en la que se analizará la participación de su inmobiliaria Procam en el "pelotazo" de Badalona que investiga el juez Baltasar Garzón.
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Fuentes de esta entidad financiera han anunciado su decisión de auditar todas las operaciones con Espais, después de que el juez de la Audiencia Nacional vinculara a su inmobiliaria Procam en uno de los "pelotazos" que investiga en el marco de la operación contra la trama de corrupción urbanística destapada en Catalunya.
Según el auto de Garzón, por esa operación de compraventa de un solar en el puerto deportivo de Badalona, Procam y Espais pagaron presuntamente 1,4 millones de euros en comisiones en el año 2004 al cerebro de la trama de corrupción urbanística, Luis García, así como a los también encarcelados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
Uno de los responsables de Procam era entonces Eduardo Aznar, que actualmente es director general de la inmobiliaria de Caixa Catalunya, y que también está imputado por el caso "Terres Cavades", de supuesta corrupción urbanística en Tarragona.
En su auto, Garzón detalla que el supuesto "pelotazo" de Badalona se organizó a través de la sociedad instrumental Badalona Building Waterfront SL (BbWSL), que se creó en 2002 específicamente para llevar a cabo este negocio y que el propio Aznar acabó presidiendo en 2005, tras la transacción. Además de Aznar, entre los consejeros delegados de BbWSL figuran el propio Luis Casamitjana, presidente de la constructora Espais y en libertad bajo fianza, y Juan Felipe Ruiz, que el lunes renunció a sus atribuciones especiales como consejero delegado de Marina Badalona S.A., a petición del alcalde, después de que Garzón le señalara como el contacto en Badalona de Luis García.
El presunto "pelotazo" investigado por Garzón consistió en la compraventa por parte de la empresa pública Marina de Badalona (participada al 50% por el Ayuntamiento y el Consell Comarcal) de un solar junto al puerto deportivo, que al pasar a manos privadas generó importantes beneficios. Según el auto, quince meses después de adquirir el solar Marina Badalona lo vendió a Espais y a Procam, con una revalorización "considerable" para los particulares a costa de las arcas municipales, que según el magistrado dejaron de ingresar catorce millones de euros.
Tras la venta, Espais y Procam pagaron 1,4 millones de euros a la sociedad Poliafers -tras la cual se encuentra Prenafeta-, que los distribuyó a las sociedades Versabitur -vinculada a Alavedra- y Zellingen -controlada por García-, con lo que los "beneficiarios efectivos" de este reparto fueron los ya encarcelados Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y Luis García, mantiene el magistrado de la Audiencia Nacional.
La auditoría encargada por Caixa Catalunya revisará todas las operaciones inmobiliarias que se han llevado a cabo conjuntamente con Espais, lo que debe permitir, entre otras cuestiones, aclarar el motivo del pago de esas sumas de dinero a los imputados.
Las mismas fuentes han destacado que, igual que en el resto de operaciones que impulsa conjuntamente con empresas inmobiliarias, Caixa Catalunya se limitó a financiar el proyecto en el puerto de Badalona a través de su promotora Procam, pero sin participar en la gestión directa del mismo. Además, han aclarado que tras la compra del solar de Badalona -por el que Espais y Procam pagaron 28 millones de euros, al cincuenta por ciento-, el terreno no ha sido objeto de ninguna recalificación ni cambio de usos.
El director general de Procam es Eduardo Aznar, que según las mismas fuentes de momento no ha sido citado a declarar ni como testigo ni como imputado en la causa abierta por Baltasar Garzón.
En cambio, Aznar sí que sigue imputado por el caso de presunta corrupción urbanística "Terres Cavades" de Tarragona, en el que 22 ex propietarios de terrenos denunciaron presiones para vender sus parcelas, que posteriormente multiplicaron su valor al ser recalificadas como urbanizables.
Pese a que en una primera instancia el juez de instrucción archivó este caso, la Audiencia de Tarragona lo reabrió en 2007 al apreciar indicios de delito en cinco de los once imputados inicialmente, entre ellos el propio Aznar.
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